21.01.16Cómo la ley sobre el derecho de autor se usa para silenciar a críticos del presidente Correa
(CPJ) Catalina Botero, investigadora de la organización de derechos humanos colombiana DeJusticia, explicó al CPJ que en el uso de la ley para reprimir a la crítica «hay un patrón bien claro». La ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó: «Es la idea de mantener completo control sobre la imagen y la voz del presidente y restringir el contenido, los documentales y las fotos que ilustren actos cuestionables por parte de funcionarios públicos y, en particular, el presidente».Por Alexandra Ellerbeck
(CPJ) El 30 de diciembre, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, recibió una queja por violación del derecho de autor que podría haber cerrado por completo el sitio web de la organización. La queja, presentada a nombre de la SECOM, entidad ecuatoriana que regula la comunicación, por una empresa llamada Ares Rights, le ordenaba a la organización independiente de libertad de prensa retirar de su sitio web una imagen del presidente Rafael Correa, Ricaurte explicó al CPJ.
El incidente, que Fundamedios denunció como censura en su sitio web, es un ejemplo de cómo se han utilizado las quejas por violación del derecho de autor contra los medios y organizaciones ecuatorianos que han adoptado una posición crítica hacia el gobierno de Correa. Ese país ya presenta uno de los peores registros en materia de libertad de prensa de las Américas. El CPJ ha documentado cómo las restrictivas leyes de comunicación, que llevaron a la aplicación de una multa de USD 350,000 al diario El Universal en junio, y las demandas penales por difamación se emplean contra los medios críticos. Los medios y los defensores de la libertad de expresión locales con los que habló el CPJ, manifestaron que la ley estadounidense sobre el derecho de autor también se está utilizando para limitar las opiniones e informaciones críticas.
La SECOM no es la única institución ecuatoriana a nombre de la cual Ares Rights ha presentado una queja. La empresa, que según avisos de derecho de autor tiene sede en Barcelona, ha enviado avisos de retiro de contenido a nombre del organismo de inteligencia nacional, de la red de televisión estatal ECTV y del presidente Correa, de acuerdo con la base de datos Lumen. La base de datos, dirigida por el Centro Berkman para la Internet y la Sociedad, perteneciente a la Universidad de Harvard, ha recopilado y analizado millones de solicitudes de retiro de contenido desde 2001. Sus datos incluyen detalles del destinatario, a nombre de quién se realizó la solicitud y los detalles del contenido objeto de la solicitud.
La base de datos muestra que Ares Rights ha presentado por lo menos 186 quejas desde 2011, 87 de ellas efectuadas a nombre de dirigentes políticos, partidos políticos, medios estatales y organismos estatales de las Américas. De ese número, 74 se presentaron a nombre de clientes ecuatorianos. Tales quejas han traído como consecuencia el retiro de imágenes, de documentos filtrados y de documentales contra el gobierno ecuatoriano, expresaron al CPJ Ricaurte y otros.
Ares Rights basa sus quejas en la Ley del Derecho de Autor para el Milenio Digital (Digital Millennium Copyright Act), que fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1998, con el fin de implementar dos tratados de derecho de autor de 1996. De conformidad con la ley contra la piratería digital, los servicios de alojamiento de sitios web y otros intermediarios tales como Google están blindados contra la responsabilidad legal por alojar materiales que violen el derecho de autor, pero solamente si el contenido de los sitios o las cuentas de redes sociales que los intermediarios alojan se retira luego de que el intermediario reciba un aviso de queja, entre otros requisitos legales impuestos por la ley.
Dado que Estados Unidos reconoce los derechos de propiedad intelectual extranjeros por medio de varios tratados internacionales, un ciudadano extranjero puede apelar ante plataformas de Internet y empresas de tecnología con sede en Estados Unidos para que retiren material que viole el derecho de autor, precisó al CPJ Kit Walsh, abogada de la Electronic Frontier Foundation. Y, puesto que algunas de las mayores empresas de Internet y de alojamiento de contenido tienen su sede en Estados Unidos, la ley tiene un amplio alcance.
La ley también protege el uso razonable de contenido, como por ejemplo el uso limitado de material protegido por el derecho de autor para comentario público o fines noticiosos, pero frecuentemente las empresas primero retiran el contenido y luego hacen las preguntas, Walsh afirmó al CPJ. “Hay poco incentivo para defender el uso razonable. El valor por omisión es cumplir con la queja por violación del derecho de autor”, refirió Walsh, quien agregó que la Electronic Frontier Foundation ha documentado muchos ejemplos donde aparentemente la ley se empleó para la censura informativa.
Los sitios web o las cuentas de redes sociales que sean objeto de una queja pueden apelar ante el servicio de alojamiento de Internet, pero al apelar, pueden quedar expuestos a una demanda legal por parte del titular de los derechos en un tribunal estadounidense.
La queja contra Fundamedios, que fue presentada ante Amazon Web Services, el servicio de alojamiento del sitio web de la organización, se relacionaba con una imagen publicada el 16 de diciembre y que aparecía junto a un artículo en el que la organización denunciaba la retórica agresiva de Correa contra los medios. La imagen estaba compuesta por dos fotos --una era una captura de pantalla de Correa, tomada de uno de sus discursos semanales transmitidos por la televisora estatal, mientras que la otra era una foto del ex columnista de El Universo Emilio Palacio Urrutia, a quien el presidente había llamado “psicópata” en su discurso.
Fundamedios apeló, con el argumento de que la imagen estaba protegida en virtud de la doctrina del uso razonable. En un correo electrónico enviado a Amazon Web Services, la organización añadió que en calidad de transmisión pública de un discurso presidencial la imagen no debía quedar protegida por el derecho de autor. A la publicación de esta entrada de blog, el sitio web de Fundamedios todavía funcionaba y la foto todavía estaba disponible. Amazon Web Services no respondió de inmediato a una solicitud del CPJ para que se pronunciara al respecto.
En este caso, Ares Rights presentó la queja a nombre de la SECOM, según una copia de la notificación recibida por Fundamedios y remitida al CPJ.
Raul Mediet, del departamento jurídico de la SECOM, declinó emitir comentario alguno sobre los vínculos de la entidad reguladora con Ares Rights, salvo para decir que no tienen ninguna relación contractual. Mediet expresó al CPJ que el gobierno ecuatoriano tiene el derecho de proteger su propiedad intelectual.
Cuando el CPJ se comunicó con Jonathan Palma, CEO de Ares Rights, para referirse al empleo de estos avisos, él declinó emitir comentario alguno.
Catalina Botero, investigadora de la organización de derechos humanos colombiana DeJusticia, explicó al CPJ que en el uso de la ley para reprimir a la crítica “hay un patrón bien claro”. La ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó: “Es la idea de mantener completo control sobre la imagen y la voz del presidente y restringir el contenido, los documentales y las fotos que ilustren actos cuestionables por parte de funcionarios públicos y, en particular, el presidente”.
Entre los medios y el contenido objeto de las acciones de Ares Rights se encuentra un documental sobre denuncias de represión gubernamental en un poblado indígena que se opuso a un plan de explotación minera, e imágenes publicadas en el sitio web de noticias Plan V. Según versiones de prensa locales, en diciembre de 2013 Ares Rights logró hacer retirar temporalmente de YouTube el documental “Acoso a Intag”. Y, el 29 de diciembre pasado, Plan V recibió una queja por violación del derecho de autor por fotos que acompañaban un artículo que cuestionaba contratos de la refinería estatal Esmeraldas, Juan Carlos Calderón, director del sitio, explicó al CPJ. El periodista indicó que las fotos o bien habían sido tomadas del dominio público o estaban protegidas por la doctrina del uso razonable. Agregó que las fotos fueron retiradas.
Ares Rights también recurrió a la Ley del Derecho de Autor para el Milenio Digital a nombre de clientes con aparentes vínculos con Ecuador para presentar una queja contra Buzzfeed en 2013 luego de que este sitio informó sobre documentos filtrados que afirmaban que el organismo de inteligencia ecuatoriano había comprado equipo de vigilancia. Ares Rights presentó una queja contra Buzzfeed a nombre de un grupo de clientes que incluían los nombres de funcionarios del organismo de inteligencia ecuatoriano, informó Buzzfeed. El sitio web de noticias y entretenimiento afirmó que pudo colocar nuevamente los documentos en la Internet cambiando a un servicio de alojamiento diferente con sede en Estados Unidos. El departamento jurídico del organismo de inteligencia declaró al CPJ que no había nadie disponible para ofrecer su versión.
Pese a los llamados a favor de la transparencia por parte de organizaciones de la sociedad civil y la prensa local, el gobierno ecuatoriano no ha proporcionado ninguna explicación pública de por qué una empresa de derecho de autor española está presentando solicitudes de retiro de contenido a nombre suyo.
La aplicación de la Ley del Derecho de Autor para el Milenio Digital en la actualidad es objeto de revisión por parte de la Oficina del Derecho de Autor de Estados Unidos, que anunció la apertura de un plazo para la consulta pública que vence el 21 de marzo de 2016.
Alexandra Ellerbeck es Investigadora del programa de las Américas del Committee to Protect Journalists (CPJ).
Fuente: Committee to Protect Journalists (Nueva York, Estados Unidos)
(CPJ) El 30 de diciembre, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, recibió una queja por violación del derecho de autor que podría haber cerrado por completo el sitio web de la organización. La queja, presentada a nombre de la SECOM, entidad ecuatoriana que regula la comunicación, por una empresa llamada Ares Rights, le ordenaba a la organización independiente de libertad de prensa retirar de su sitio web una imagen del presidente Rafael Correa, Ricaurte explicó al CPJ.
El incidente, que Fundamedios denunció como censura en su sitio web, es un ejemplo de cómo se han utilizado las quejas por violación del derecho de autor contra los medios y organizaciones ecuatorianos que han adoptado una posición crítica hacia el gobierno de Correa. Ese país ya presenta uno de los peores registros en materia de libertad de prensa de las Américas. El CPJ ha documentado cómo las restrictivas leyes de comunicación, que llevaron a la aplicación de una multa de USD 350,000 al diario El Universal en junio, y las demandas penales por difamación se emplean contra los medios críticos. Los medios y los defensores de la libertad de expresión locales con los que habló el CPJ, manifestaron que la ley estadounidense sobre el derecho de autor también se está utilizando para limitar las opiniones e informaciones críticas.
La SECOM no es la única institución ecuatoriana a nombre de la cual Ares Rights ha presentado una queja. La empresa, que según avisos de derecho de autor tiene sede en Barcelona, ha enviado avisos de retiro de contenido a nombre del organismo de inteligencia nacional, de la red de televisión estatal ECTV y del presidente Correa, de acuerdo con la base de datos Lumen. La base de datos, dirigida por el Centro Berkman para la Internet y la Sociedad, perteneciente a la Universidad de Harvard, ha recopilado y analizado millones de solicitudes de retiro de contenido desde 2001. Sus datos incluyen detalles del destinatario, a nombre de quién se realizó la solicitud y los detalles del contenido objeto de la solicitud.
La base de datos muestra que Ares Rights ha presentado por lo menos 186 quejas desde 2011, 87 de ellas efectuadas a nombre de dirigentes políticos, partidos políticos, medios estatales y organismos estatales de las Américas. De ese número, 74 se presentaron a nombre de clientes ecuatorianos. Tales quejas han traído como consecuencia el retiro de imágenes, de documentos filtrados y de documentales contra el gobierno ecuatoriano, expresaron al CPJ Ricaurte y otros.
Ares Rights basa sus quejas en la Ley del Derecho de Autor para el Milenio Digital (Digital Millennium Copyright Act), que fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1998, con el fin de implementar dos tratados de derecho de autor de 1996. De conformidad con la ley contra la piratería digital, los servicios de alojamiento de sitios web y otros intermediarios tales como Google están blindados contra la responsabilidad legal por alojar materiales que violen el derecho de autor, pero solamente si el contenido de los sitios o las cuentas de redes sociales que los intermediarios alojan se retira luego de que el intermediario reciba un aviso de queja, entre otros requisitos legales impuestos por la ley.
Dado que Estados Unidos reconoce los derechos de propiedad intelectual extranjeros por medio de varios tratados internacionales, un ciudadano extranjero puede apelar ante plataformas de Internet y empresas de tecnología con sede en Estados Unidos para que retiren material que viole el derecho de autor, precisó al CPJ Kit Walsh, abogada de la Electronic Frontier Foundation. Y, puesto que algunas de las mayores empresas de Internet y de alojamiento de contenido tienen su sede en Estados Unidos, la ley tiene un amplio alcance.
La ley también protege el uso razonable de contenido, como por ejemplo el uso limitado de material protegido por el derecho de autor para comentario público o fines noticiosos, pero frecuentemente las empresas primero retiran el contenido y luego hacen las preguntas, Walsh afirmó al CPJ. “Hay poco incentivo para defender el uso razonable. El valor por omisión es cumplir con la queja por violación del derecho de autor”, refirió Walsh, quien agregó que la Electronic Frontier Foundation ha documentado muchos ejemplos donde aparentemente la ley se empleó para la censura informativa.
Los sitios web o las cuentas de redes sociales que sean objeto de una queja pueden apelar ante el servicio de alojamiento de Internet, pero al apelar, pueden quedar expuestos a una demanda legal por parte del titular de los derechos en un tribunal estadounidense.
La queja contra Fundamedios, que fue presentada ante Amazon Web Services, el servicio de alojamiento del sitio web de la organización, se relacionaba con una imagen publicada el 16 de diciembre y que aparecía junto a un artículo en el que la organización denunciaba la retórica agresiva de Correa contra los medios. La imagen estaba compuesta por dos fotos --una era una captura de pantalla de Correa, tomada de uno de sus discursos semanales transmitidos por la televisora estatal, mientras que la otra era una foto del ex columnista de El Universo Emilio Palacio Urrutia, a quien el presidente había llamado “psicópata” en su discurso.
Fundamedios apeló, con el argumento de que la imagen estaba protegida en virtud de la doctrina del uso razonable. En un correo electrónico enviado a Amazon Web Services, la organización añadió que en calidad de transmisión pública de un discurso presidencial la imagen no debía quedar protegida por el derecho de autor. A la publicación de esta entrada de blog, el sitio web de Fundamedios todavía funcionaba y la foto todavía estaba disponible. Amazon Web Services no respondió de inmediato a una solicitud del CPJ para que se pronunciara al respecto.
En este caso, Ares Rights presentó la queja a nombre de la SECOM, según una copia de la notificación recibida por Fundamedios y remitida al CPJ.
Raul Mediet, del departamento jurídico de la SECOM, declinó emitir comentario alguno sobre los vínculos de la entidad reguladora con Ares Rights, salvo para decir que no tienen ninguna relación contractual. Mediet expresó al CPJ que el gobierno ecuatoriano tiene el derecho de proteger su propiedad intelectual.
Cuando el CPJ se comunicó con Jonathan Palma, CEO de Ares Rights, para referirse al empleo de estos avisos, él declinó emitir comentario alguno.
Catalina Botero, investigadora de la organización de derechos humanos colombiana DeJusticia, explicó al CPJ que en el uso de la ley para reprimir a la crítica “hay un patrón bien claro”. La ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó: “Es la idea de mantener completo control sobre la imagen y la voz del presidente y restringir el contenido, los documentales y las fotos que ilustren actos cuestionables por parte de funcionarios públicos y, en particular, el presidente”.
Entre los medios y el contenido objeto de las acciones de Ares Rights se encuentra un documental sobre denuncias de represión gubernamental en un poblado indígena que se opuso a un plan de explotación minera, e imágenes publicadas en el sitio web de noticias Plan V. Según versiones de prensa locales, en diciembre de 2013 Ares Rights logró hacer retirar temporalmente de YouTube el documental “Acoso a Intag”. Y, el 29 de diciembre pasado, Plan V recibió una queja por violación del derecho de autor por fotos que acompañaban un artículo que cuestionaba contratos de la refinería estatal Esmeraldas, Juan Carlos Calderón, director del sitio, explicó al CPJ. El periodista indicó que las fotos o bien habían sido tomadas del dominio público o estaban protegidas por la doctrina del uso razonable. Agregó que las fotos fueron retiradas.
Ares Rights también recurrió a la Ley del Derecho de Autor para el Milenio Digital a nombre de clientes con aparentes vínculos con Ecuador para presentar una queja contra Buzzfeed en 2013 luego de que este sitio informó sobre documentos filtrados que afirmaban que el organismo de inteligencia ecuatoriano había comprado equipo de vigilancia. Ares Rights presentó una queja contra Buzzfeed a nombre de un grupo de clientes que incluían los nombres de funcionarios del organismo de inteligencia ecuatoriano, informó Buzzfeed. El sitio web de noticias y entretenimiento afirmó que pudo colocar nuevamente los documentos en la Internet cambiando a un servicio de alojamiento diferente con sede en Estados Unidos. El departamento jurídico del organismo de inteligencia declaró al CPJ que no había nadie disponible para ofrecer su versión.
Pese a los llamados a favor de la transparencia por parte de organizaciones de la sociedad civil y la prensa local, el gobierno ecuatoriano no ha proporcionado ninguna explicación pública de por qué una empresa de derecho de autor española está presentando solicitudes de retiro de contenido a nombre suyo.
La aplicación de la Ley del Derecho de Autor para el Milenio Digital en la actualidad es objeto de revisión por parte de la Oficina del Derecho de Autor de Estados Unidos, que anunció la apertura de un plazo para la consulta pública que vence el 21 de marzo de 2016.
Alexandra Ellerbeck es Investigadora del programa de las Américas del Committee to Protect Journalists (CPJ).
Fuente: Committee to Protect Journalists (Nueva York, Estados Unidos)