Artículos

03.04.19

Raíces provinciales del subdesarrollo

(Clarín) El fenómeno de la decadencia institucional argentina es complejo. Una de sus causas parece residir en el periódico arribo al poder nacional de elites provinciales socializadas políticamente en contextos rentísticos y autoritarios.
Por Carlos Gervasoni

(Clarín) La política de países como Chile y Uruguay –parecidos al nuestro en historia, cultura y desarrollo– es mucho más limpia. La Argentina del pasado, por ejemplo la de Frondizi e Illia, tenía muchos problemas, pero tampoco acusaba el actual nivel de deterioro institucional.

Aunque la medianía que hoy sufrimos probablemente comenzó en la violenta década del 70, hubo en el actual período democrático dos largos episodios de agudo declive en nuestra calidad moral e institucional, el menemismo y el kirchnerismo, ambos caracterizados por tendencias hegemónicas, corrupción generalizada y una marcada politización de la justicia federal.

Una interpretación atribuye los excesos de Menem y el matrimonio Kirchner a su común pertenencia al Partido Justicialista, históricamente movimientista, personalista y antiliberal.

Sin embargo, es probable que haya operado un factor común menos obvio: antes de ser presidentes, Carlos Menem y Néstor Kirchner fueron gobernadores de las muy poco democráticas provincias de La Rioja y Santa Cruz, respectivamente.

Ejercieron allí el poder casi sin límites, rodeados de jueces adictos y medios complacientes. Kirchner desarrolló en sus tres períodos de gobierno (1991-2003) equipos y esquemas que luego llevó a la Casa Rosada: ya contaba en aquellos años con la asistencia de Lázaro Báez, Julio De Vido y Ricardo Echegaray, entre otros, y ya le había vendido el 51% del Banco de Santa Cruz a la familia Eskenazi, a la que años más tarde alentaría a comprar, de forma muy turbia, el 25% de YPF.

Los casos de Menem y Kirchner son especialmente prominentes porque llegaron a la presidencia. Adolfo Rodríguez Saá, también ex gobernador de una provincia poco democrática, alcanzó la presidencia brevemente a fines de 2001. Otros líderes de provincias muy imperfectamente democráticas han sido figuras clave de la política argentina; por ejemplo Vicente Saadi en los ‘80 como líder justicialista en el Senado, o el santiagueño Gerardo Zamora como presidente provisional del Senado en 2014-2015.

Ocurre que, a grandes rasgos, hay dos tipos de provincias desde el punto de vista electoral. En algunas, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Tierra del Fuego, la democracia funciona como se supone: hay intensa competencia electoral, los oficialismos a veces ganan elecciones (a menudo por márgenes estrechos y sin lograr mayoría legislativa), y otras las pierden.

Aún en provincias poco desarrolladas como Chaco o Salta, la oposición ha logrado ganar la gobernación varias veces desde 1983. En otras provincias, en cambio, el oficialismo triunfa indefectiblemente, generalmente con mayorías abrumadoras en votos y/o bancas. Así ocurre en Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero.

Tomemos el claro ejemplo formoseño. El PJ ganó todas las elecciones desde 1983. Gildo Insfrán fue elegido gobernador con el 59% de los votos en 1995, y desde entonces obtuvo cinco reelecciones consecutivas, todas con más del 70% de los votos. El casi cuarto de siglo que lleva en el poder es récord en la Argentina contemporánea.

Solo 12 de los actuales jefes de estado de los casi 200 países del mundo han tenido mandatos más largos. Se trata en todos los casos de dictadores, por ejemplo los de Camerún, Chad, Congo, Kazajistán y Sudán. Los líderes democráticos que recordamos como políticamente longevos –Adenauer, Kohl, Roosevelt, Thatcher– gobernaron entre 11 y 16 años. Luego de 12 años en el cargo, la actual canciller alemana Angela Merkel logró ser reelegida en 2017 con apenas el 33% de los votos (y el 35% de las bancas). Insfrán ganó en 2015 con el 73% de los votos y las bancas, y seguramente conseguirá una sexta y cómoda reelección este año, extendiendo su mandato a 28 años.

No es el caso, claro, que los votantes de Formosa (o de Santiago del Estero, o de La Rioja) vivan mucho mejor que los de Alemania. En un reciente libro sobre democracia y autoritarismo provincial muestro que el factor que más consistentemente explica la falta de competencia democrática (y las frecuentes prácticas autoritarias) en varias provincias es la centralidad económica del Estado: la mayor parte de los trabajadores son empleados públicos, y una parte importantísima de los ingresos de las empresas y medios de comunicación locales proviene del presupuesto provincial.

Pero, ¿cómo puede financiar la muy pobre Formosa (y otras provincias) tantos empleados, contratos y avisos publicitarios?

Lo hace gracias a generosas transferencias del gobierno central, que recauda la mayor parte de los recursos coparticipables en las provincias pampeanas y la CABA, pero los distribuye favoreciendo fuertemente (porque la ley así lo manda) a provincias poco pobladas como Formosa, La Rioja o Santa Cruz. Se trata entonces de distritos que viven mayormente de rentas (originadas en nuestro federalismo fiscal, y a veces también la explotación de hidrocarburos, como es el caso de Santa Cruz).

Al igual que ocurre en los países rentísticos (por ejemplo los emiratos petroleros del Golfo Pérsico), la democracia no prospera porque, allí donde prácticamente todos los actores relevantes dependen económicamente del Estado pocos quieren ser opositores.

El fenómeno de la decadencia institucional argentina es complejo. Una de sus causas parece residir en el periódico arribo al poder nacional de elites provinciales socializadas políticamente en contextos rentísticos y autoritarios.

Fuente: Clarín (Buenos Aires, Argentina)