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13.11.19

Bolivia: ¿Se soluciona o se complica la crisis?

(TN) La oposición fracasó en reunir la Asamblea Legislativa porque Evo y el MAS ratifican su línea “nosotros o guerra civil”. El Tribunal Supremo de Justicia avaló de todos modos la asunción de funciones ejecutivas por Jeanine Áñez.
Por Marcos Novaro

(TN) El martes los partidos de oposición, en minoría en ambas cámaras, fracasaron en su intento de sesionar como Asamblea Legislativa. Se enfrentaron entonces a un serio dilema: si seguían esperando que al menos alguna porción del MAS, el partido de Evo Morales, colaborara, prolongaban el vacío de poder; así que optaron por designar de todos modos a la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, como presidente transitoria.

¿Fue una decisión “de facto”, consumaron el golpe de Estado, como afirmó desde México Evo Morales? Los hasta ayer opositores apelaron a un fallo de la vieja Corte Suprema, hoy Tribunal Supremo de Justicia, de 2001, donde se estableció que si el presidente no está ni va a volver a ejercer el cargo, recae ipso facto la autoridad en la línea sucesoria. El Tribunal Supremo avaló esa interpretación, y por tanto la proclamación de Áñez. Quien entonces no se habría “autoproclamado”, como sostuvo también, desde Buenos Aires, Felipe Solá, canciller in pectore de Alberto Fernández, en sintonía con los simpatizantes de Evo de varios otros países de la región.

¿Un presidente transitorio que asume sin siquiera los votos de los legisladores? Parece bastante discutible, claro. Pero tal vez fuera la única vía para preservar una mínima autoridad legítima. Y no tener que elegir entre golpe y guerra civil.

Precisamente por esa misma delgada línea avanzó la posición oficial de la Argentina. El gobierno de Macri, a diferencia del de Brasil y de Estados Unidos, de todos modos, no reconoció a Áñez como “presidenta” si no como "autoridad transitoria". El argumento sería que dado que fracasó la Asamblea Legislativa de ayer, aún no se aceptó la renuncia de Evo, es decir que él sigue siendo legalmente el presidente. Y en la Casa Rosada entienden que no puede haber otro también legal. No discuten el argumento de la Corte, pero se abstienen de legitimar algo que aun no votó el Congreso boliviano, y tal vez nunca vote.

El problema es, de nuevo, que una autoridad tiene que haber porque de otro modo o mandan los militares, o no manda nadie. Parece una posición muy razonable, más atenta a las formalidades de la ley que la de Bolsonaro. Y claro, infinitamente mejor que la del arco de golpistas que gritan 'golpe'.

El problema fundamental hoy no parece ser, de todos modos, la autoridad de Áñez, sino la formación de un nuevo Tribunal Electoral, que sí o sí debe surgir del voto del Congreso, porque sus anteriores miembros quedaron envueltos en el fraude, las renuncias y, encima, algunas detenciones, difícil saber por decisión de qué autoridad legal, puede que de ninguna.

Sin Tribunal Electoral, no podrá haber nuevas elecciones y es de prever que el MAS va a seguir boicoteando una votación en el Senado para reorganizarlo. Con lo cual dejan bien a la vista lo que complicó la situación desde un comienzo: no fue el intervencionismo militar ni policial, si no el vacío de poder promovido por Evo y su partido. ¿Qué hacer entonces para que haya nuevas elecciones, se realicen pronto y no puedan ser objetadas de ilegítimas o ilegales? Una salida sería que el Tribunal Supremo asuma esas funciones, pero también sería controversial, claro, aunque tal vez no haya otra opción.

No la habrá a menos que en el MAS surjan disidencias, que provoquen una ruptura en sus mayoritarias bancadas legislativas. Esa parecía una posibilidad cierta el lunes, porque varios legisladores se negaron a apoyar la línea partidaria oficial, el “ahora sí, guerra civil”. Según parece, fue precisamente por el temor a lo que pudieran hacer esos legisladores disidentes que los Ponchos Rojos y demás grupos de choque masistas de El Alto rodearon el edificio del Congreso. Estaban ahí para cuidar su gallinero, no para meterse con las gallinas ajenas.

La raíz del problema que enfrentan hoy las instituciones bolivianas parece estar precisamente allí: un partido con control del Congreso que ha vaciado el Ejecutivo y bloquea cualquier posibilidad de hacer sesionar el Legislativo, es decir, clama por una guerra civil o un golpe seguido de guerra civil, o una ruptura en las Fuerzas Armadas que desemboque en choques violentos entre militares y entre ellos y los partidos, en suma, alguna solución en que intervengan las armas. Frente a esa gente, hay solo minorías legislativas y muchos ciudadanos sueltos.

Por ahora, de todos modos, la apuesta gangsteril del estalinismo boliviano no parece tener chances de éxito porque las Fuerzas Armadas y policiales se están manteniendo en calma y en cumplimiento de su función esencial, cuidar el orden público, disuadiendo a los violentos. Que no se dejen envolver en luchas facciosas parece ser la condición básica para que los demás problemas se puedan ir resolviendo legal y pacíficamente.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)