(Club Polìtico Argentino) Sin acceso al crédito, con la emisión limitada por el riesgo de hiper, y con una economía agotada por la recesión y la carga impositiva, es difícil imaginar un horizonte de progreso económico que sea políticamente sostenible. Parece más probable que el gobierno se dedique a buscar algún último bolsón privado del cual extraer recursos que a impulsar esa economía privada por la vía de reducir el peso del estado.

Por Carlos Gervasoni

Hace décadas que el país no logra financiar su sector público, conformado por el gobierno nacional y los gobiernos de las 23 provincias, la CABA y los más de 2000 municipios. Un clarísimo síntoma es que Argentina es el único país del mundo que hace 70 años no consigue derrotar la inflación. Cuando la creación inflacionaria de dinero no alcanza, recurrimos al endeudamiento. Cuando éste se agota, elegimos defaultear antes que reducir el gasto. Cada período tuvo especificidades. En las primeras décadas del régimen previsional, el estado se apropió de su superávit, y volvió a hacer lo mismo al re-estatizar las AFJP. En los 90 no recurrió a la emisión ni a los ahorros de los futuros jubilados, pero sí a la deuda y al novedoso recurso de las privatizaciones.

En el ámbito de la financiación saludable (impositiva) del Estado, tampoco acertamos. El país productivo sufre bajo una pesada y cambiante maraña de cargas nacionales, provinciales y municipales. Incluso, como en casi ningún país, le cobramos impuestos a las exportaciones (a todas, no solo a las del agro). Desde el primer peronismo el estado se apropia recurrentemente de una alta proporción de las ganancias de los exportadores (llevándose el agro, sí, la peor parte). Ocurrió con Onganía, Alfonsín, el kirchnerismo y, notablemente, continuó (con menor intensidad) bajo el gobierno de Cambiemos. Mientras que el resto del mundo alienta las exportaciones, aquí las castigamos para financiar al estado. No sorprende que Argentina esté entre las 10 naciones que menos exporta en relación a su PBI, y que sigamos vendiendo básicamente productos primarios, como hace un siglo y medio.

Frente al cese del crédito externo, Macri aumentó las retenciones en el último tramo de su gobierno. Alberto Fernández las aumentó más y, además, creó el impuesto a las compras en dólares e incrementó fuertemente Ganancias y Bienes Personales.

Lo políticamente más notable de este ajuste vía impuestos, es que no estuvo acompañado de ningún esfuerzo para reducir el gasto público. Solo frente a la indignación social, Alberto reaccionó proponiendo reformar los muy privilegiados regímenes jubilatorios de los funcionarios judiciales y diplomáticos.

Se activa la curva de Laffer: el sector privado languidece bajo el peso del Estado, los contribuyentes eluden tributos, y los potenciales inversores locales o extranjeros optan por destinos con reglas tributarias más favorables y estables. Así, casi todos los países del mundo crecen con baja inflación, mientras que aquí el PBI per cápita está estancado (y la inflación en dos dígitos) desde 2007.

El fenómeno es estructural. Aún bajo el gobierno de Cambiemos, la cantidad de empleos públicos aumentó (mayormente a nivel provincial) mientras que disminuyó la cantidad de asalariados privados. Luego de cuatro años de “derecha neoliberal”, el país tiene algo más de estado y algo menos de mercado.

La economía política de este decadente equilibrio es simple: la cantidad de argentinos que (por buenos y malos motivos) depende de un salario estatal, una jubilación o una prestación social fue siempre importante, y creció fuerte durante los años kirchneristas, impulsada por una gran expansión del empleo público, la cobertura previsional, y los beneficiarios de planes sociales. Hoy los argentinos que reciben mensualmente un cheque estatal superan en muchos millones a los que pagan impuestos a las ganancias o contribuyen al sistema de seguridad social. Simplificando, el Peronismo representa a aquellos, y los partidos de Cambiemos a estos. El Peronismo, entonces, gana la mayor parte de las elecciones nacionales y provinciales.

Esta economía política se complejiza al considerarse la distribución geográfica de estos dos grupos de votantes: los “Estado-dependientes” dominan ampliamente en la mayor parte de las provincias, y en particular en las poco pobladas (y legislativamente sobre-representadas). Los “contribuyentes”, en cambio, predominan en las grandes provincias pampeanas y Mendoza, que son pocas y están subrepresentadas. El mapa de “la Argentina de Boca” que circuló luego del triunfo de Alberto Fernández refleja a grandes rasgos la cuestión. Sobran en la franja amarilla emprendedores, agricultores modernos, industrias real o potencialmente competitivas y programadores sofisticados, que podrían impulsar un saludable dinamismo económico, pero que casi siempre pierden políticamente. Su productividad se destina a subsidiar fuertemente (vía impuestos y coparticipación) a una quincena de provincias rentísticas y a millones de argentinos que viven del estado (muchos muy bien, incluyendo a empleados y jubilados estatales que cobran 300.000 a 700.000 pesos mensuales, a cientos de empresas de la patria contratista, a miles de ñoquis, y a cientos de miles de integrantes de la clase media y alta que lograron beneficios previsionales vía moratoria).

Es una economía política casi imposible de modificar. Reducir el tamaño del estado es infinitamente más difícil que aumentarlo, y modificar nuestro injusto, ineficiente, rentístico y laberíntico federalismo fiscal es legislativamente implausible.

Sin acceso al crédito, con la emisión limitada por el riesgo de hiper, y con una economía agotada por la recesión y la carga impositiva, es difícil imaginar un horizonte de progreso económico que sea políticamente sostenible. Parece más probable que el gobierno se dedique a buscar algún último bolsón privado del cual extraer recursos (¿Vaca Muerta y la minería?) que a impulsar esa economía privada por la vía de reducir el peso (en buena medida muerto) del estado.

Fuente: Club Político Argentino (Buenos Aires, Argentina)