(La Política Online / Argentina) la sociedad civil debe terminar de asumir y exigir un principio tan básico como es que cualquier acción realizada con recursos públicos es un bien público pasible de ser auditado por cualquier ciudadano. Esta es la base del acceso a la información pública y de la exigencia a los tres poderes del Estado de establecer una comunicación profesional, regular y obligatoria con la ciudadanía.

Por Santiago Seoane Cabral

Cuando el presente molesta, nada mejor que construir el futuro. Algún próximo gobierno o, más probable, una nueva generación de gobernantes, tendrá en la administración de la comunicación pública una gran oportunidad para transformar de verdad y democratizar cualquier proceso político. Décadas de administraciones arbitrarias, partidistas e irresponsables no pueden sino ser sucedidas por su signo opuesto: administraciones con una comunicación republicana, democrática y constructora de ciudadanía.

Las políticas de comunicación que confunden los intereses públicos con los privados-partidarios no son sólo patrimonio del gobierno nacional sino también de muchos antecesores y otros niveles de gobierno actuales. Para una política pública de comunicación que realmente construya ciudadanía, es importante que analicemos honestamente al conjunto de prácticas comunicacionales para descubrir que éste es un problema de nuestra cultura política. En este sentido, no conviene detenerse a enumerar o criticar los excesos de la política comunicacional del gobierno nacional. Al contrario, su sesgo partidario realiza un involuntario y valioso aporte desde su desmesura, al exponer claramente cuál es el tipo de política pública de comunicación que puede lesionar por igual principios republicanos y democráticos.

¿Cómo se construye ciudadanía desde la comunicación pública? Garantizando en todos los formatos y contenidos la veracidad de la información, la equidad en el acceso a la información a todos los actores de una sociedad, la transparencia de los actos de gobierno, una oferta plural de medios y el reconocimiento de la prensa como un actor necesario. Tan sencillo como eso. De otro modo, se está condenando a los ciudadanos a una ceguera que, como en la novela de José Saramago, “Ensayo sobre la ceguera”, puede menoscabar su dignidad hasta despojarlos de su ciudadanía.

UNA COMUNICACIÓN MÁS REPUBLICANA Y DEMOCRATICA

Ante todo, el principal derecho que se debe garantizar es el derecho a la información en los asuntos públicos. Esta constituye un bien que debe circular libremente sin voces hegemónicas, sean éstas públicas o privadas.

Las políticas de comunicación pública del futuro deberían establecer reglas y prácticas claras e inequívocas en, al menos, cuatro dimensiones:

La publicidad oficial, El acceso a la información pública, La comunicación de los tres poderes del Estado, La regulación de los medios de comunicación.

Estas dimensiones pueden abordarse en forma simultánea y tienen como base principios sencillos, claros y, lamentablemente, poco habituales.

(La Política Online / Argentina) Para comenzar, se debe reconfigurar a la publicidad oficial como un instrumento a través del cual el Estado comunica obligaciones y derechos a sus ciudadanos. Debemos dejar de verlo como un eufemismo para premiar o castigar al periodismo o subsidiar a medios de comunicación. Estos ejercen un rol tan vital en un sistema republicano que bien merecen políticas crediticias y fiscales claras y universales que ayuden a su sostenimiento. Pero la publicidad oficial no debe ser un fomento a la actividad; si sólo se regula su distribución se parte de un equívoco.

Por otra parte, la sociedad civil debe terminar de asumir y exigir un principio tan básico como es que cualquier acción realizada con recursos públicos es un bien público pasible de ser auditado por cualquier ciudadano. Esta es la base del acceso a la información pública y de la exigencia a los tres poderes del Estado de establecer una comunicación profesional, regular y obligatoria con la ciudadanía.

Finalmente, el principio rector para una regulación sensata de la propiedad y alcance de los medios de comunicación debe ser la pluralidad de voces, el combate a todo tipo de hegemonía comunicacional pública o privada, y el reconocimiento de la información como un bien público superior a cualquier interés comercial, particular o partidario.

Avanzar en estas dimensiones es cambiar de enfoque, por lo que no se necesita presupuesto especial, ni tecnología y ni siquiera una coyuntura determinada. Requiere decisión política de quienes ejercen el poder, impulsada por una visión de futuro o por una presión social. Ningún partido de oposición se negaría a acordar en estos puntos por ser también ellos beneficiarios. Quizás sea demasiado inocente imaginar este escenario en el corto plazo; las actuales dirigencias dan muestras cotidianas de su resistencia a la transparencia. Pero en el futuro, quién sabe si decisiones de este tipo, bien comunicadas desde los partidos en el poder, terminen no sólo enriqueciendo a la sociedad sino dándoles un nuevo parámetro de evaluación de gestión. Alguna vez el magnate de los medios William Randolph Hearst sucumbió en los Estados Unidos víctima de su manipulación informativa. O, como ejemplos más cercanos, alguna vez el Grupo Clarín pasó a ser percibido como una empresa que privilegia sus intereses por sobre el periodismo puro, o la credibilidad y audiencia de la televisión pública de gobiernos electos por los votos llegaron a ser más bajas que la de atroces dictaduras militares. Las sociedades maduran y desconfían de verdades reveladas. Necesitan dirigentes que acompañen y estimulen ese crecimiento.

Soñar no cuesta nada. Pensar el futuro, sí. Requiere el trabajo, la concientización y el aprendizaje de modelos de país más exitosos en términos de convivencia y grados de libertad e igualdad.

Fuente: (La Política Online / Argentina)