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02.03.18

El proceso constituyente de Bachelet

(El Líbero) La decisión de presentar un proyecto de ley de nueva Constitución días antes de dejar el poder es una falta de respeto a las instituciones democráticas. Si la Presidenta quería cambiar la carta fundamental, debió abocarse a la tarea desde el primer día de su gobierno, como lo hizo Ricardo Lagos al asumir en 2000 y que luego coronó exitosamente con las reformas de 2005. Al enviar el proyecto ahora, Bachelet no entiende que ya no tiene ni la fuerza ni el apoyo popular para pautear a la próxima administración.
Por Patricio Navia

(El Líbero) Al anunciar que enviará un proyecto de ley para iniciar un proceso constituyente, la Presidenta Michelle Bachelet busca cumplir una de sus promesas de campaña más importantes. Pero igual que una madre que prometió llevar a sus hijos a Disney World y cumple su promesa sólo cinco minutos antes de que cierre el parque, el gesto de Bachelet no es sólo inútil, sino que además refleja irresponsabilidad tanto respecto de la forma en que los Presidentes deben cumplir sus promesas de campaña como de la importancia de la Constitución.

En la campaña presidencial de 2013, Bachelet se comprometió a iniciar un proceso constituyente en su gobierno. Aun sabiendo que la Constitución en vigencia en el país permite reforma —pero no borrones y cuentas nuevas—, ella jugó a la ambigüedad al sugerir que el proceso constituyente sería democrático, institucional y participativo. En los primeros dos años de gobierno la Mandataria optó por privilegiar otras prioridades, dejando la promesa del proceso constituyente para la segunda mitad del cuatrienio.  Por cierto, los Presidentes son más exitosos en impulsar reformas en su luna de miel, por eso los gobernantes de otros países de la región que han impulsado exitosamente procesos constituyentes lo han hecho al comenzar sus períodos. Es verdad que Bachelet impulsó exitosamente otras reformas, algunas de las cuales requirieron cambios a la Constitución. Pero si la Presidenta realmente pensaba que en su gobierno lograría promulgar una nueva carta fundamental, no hubiera tenido mucho sentido cambiar la que pronto sería dada de baja. Nadie que esté planificando construir una casa nueva se molesta en remodelar la casa antigua que pronto será remplazada.

Eventualmente, Bachelet impulsó un mal llamado proceso constituyente. Los diálogos ciudadanos no vinculantes —en los que por cierto participó muy poca gente— difícilmente pueden ser asociados con el ejercicio del poder constituyente por parte de la ciudadanía. De hecho, el resultado de ese proceso fue un extenso documento repleto de lugares comunes y declaraciones de buenas intenciones con las que difícilmente alguien podría estar en desacuerdo. Pero la consulta ciudadana no dijo nada sobre los temas espinudos del debate constitucional, como la formación y poderes del Tribunal Constitucional, el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, o el rol que tendrá el Estado en la economía.

Además de impulsar un proceso de participación ciudadana loable, pero inútil —en tanto no era vinculante—, La Moneda ni siquiera intentó buscar un entendimiento con el Congreso para encontrar una forma de impulsar su proyecto de nueva Constitución. Porque sabía que no tenía la mayoría de dos tercios en ambas cámaras necesaria para modificar la Constitución, el gobierno siguió hablando del proceso constituyente, pero ni siquiera intentó allanar el camino para impulsar la reforma que abriera esa puerta.

Ahora que faltan pocos días para que termine su gobierno, Bachelet ha anunciado que enviará un proyecto de nueva Constitución antes de dejar el poder el 11 de marzo. Ese saludo a la bandera parece un acto desesperado de su parte para decir que cumplió su promesa de campaña. Pero de poco sirve enviar un proyecto que quedará inmediatamente archivado el día que asuma el gobierno de Sebastián Piñera.

La decisión de Bachelet de presentar un proyecto de ley de nueva Constitución días antes de dejar el poder es una falta de respeto a las instituciones democráticas. Si ella quería cambiarla, debió abocarse a la tarea desde el primer día de su gobierno, como lo hizo Ricardo Lagos al asumir en 2000 y que luego coronó exitosamente con las reformas de 2005. Al enviar el proyecto ahora, Bachelet no entiende que ya no tiene ni la fuerza ni el apoyo popular para pautear al próximo gobierno.   

Sin embargo, bien pudiera ser que ese gesto constituya el lanzamiento de la campaña presidencial de Bachelet para 2021. Es verdad que ella ha dicho que se retirará de la política, pero también prometió que en su gobierno impulsaría una nueva Constitución. Esta no sería la primera vez que un político se retracte de sus promesas y ciertamente no será la última. Pero aun si ese es el caso, entonces el proyecto de ley para impulsar un nuevo texto constitucional será más bien un medio para potenciar su retorno al poder que un objetivo en sí mismo.

Tal vez Bachelet sólo busca hacer un gesto a los sectores más izquierdistas de su coalición, que ansiaban ver materializado su sueño de tener un proceso constituyente. Sigue insistiendo aunque el parque de diversiones esté a punto de cerrar y su esfuerzo de madre ya no sea necesario. Incluso los hijos que todavía creen en ella la valorarán más si les ahorra el amargo sabor de un gesto desesperado de último minuto que tendrá nulas consecuencias.

Fuente: El Líbero (Santiago, Chile)