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03.10.18

El Gobierno le quita hierro a la protesta sindical

(TN) Tras el contundente paro de la semana pasada, el gobierno de Macri retomó la iniciativa frente a los sindicatos y dio pasos firmes para mantener a raya el recurso del paro en lo que resta del año.
Por Marcos Novaro

(TN) Para empezar, llegó a un acuerdo tras una dura negociación con los gremios ferroviarios, con lo que logró dos objetivos simultáneos: frenó el paro que ya tenía decidido hacer ese sector el martes 2 y volvió a dividir a la CATT, la Confederación de Trabajadores del Transporte de la que depende el éxito o fracaso de los paros generales. Ese polo sindical, que antaño controlaba férreamente Moyano, hace tiempo que está dividido y, además, el Gobierno mantiene diálogo aparte con sus dos patas más importantes, los que controlan los trenes de pasajeros de la zona metropolitana y la UTA, que hace lo propio en las líneas de colectivo de corta distancia. Por más que la situación económica y política se haya deteriorado, Triaca se está dando maña para preservar esa relación.

Un poco como consecuencia de ese fracaso del moyanismo en sus esfuerzos por recuperar el poder que ha ido perdiendo, otro poco por la señal que dio el grueso de la CGT respecto a que, tras la medida del 2, no volvería a haber un paro general antes de fin de año, se produjo otra novedad de importancia: Juan Carlos Schmid, el triunviro de la CGT afín a Camioneros, abandonó ese cargo y fue inmediatamente reemplazado por Andrés Rodríguez, jefe de la UPCN y referente desde hace décadas de los dialoguistas que se esmeran en llevarse bien con todos y cada uno de los gobiernos de turno.

La apuesta de Schmid, y la de Moyano, fue lograr que varios gremios más abandonaran la central como consecuencia de ese portazo: judiciales, aeronavegantes, panaderos, cerveceros y del seguro se anotaron en principio en esa lista de posibles emigrados. De lograr que así fuera, los gremios duros, conjunto que hasta aquí integran además de camioneros, bancarios y SMATA, desde hace menos tiempo canillistas, peajes y otros menos relevantes, iban a mostrar que su polo combativo se fortalecía, mientras el dialoguista languidecía y se dividía.

El Ejecutivo se mostró dispuesto a premiar esas conductas con más manejo discrecional de los fondos de las obras sociales, lo que es bastante de lamentar, y también con una reapertura rápida y sin topes de la revisión de las paritarias. El objetivo es, claro, premiar a los que sigan en la mesa de negociaciones y retaceen apoyo a una eventual escalada de protestas, el famoso “plan de lucha” por el que el gremialismo de izquierda y kirchnerista viene bregando desde 2015 y Moyano, desde el año pasado.

Es evidente que las cosas se le han complicado sustancialmente al gobierno en este frente: ahora se la pasa tapando agujeros de una relación que, hasta que no mejore la economía, a lo único que puede aspirar es que no se deteriore del todo. Mientras que, a principios de este año, no sólo lograba imponer sus previsiones de inflación (recordemos que muchos gremios firmaron entonces aumentos del 15%, jugándose los ingresos de sus representados a que se verificaba lo que el Ejecutivo decía que iba a suceder en la economía) sino que estaba dedicado a consolidar un liderazgo afín en la conducción cegetista para cuando Moyano quedara del todo aislado.

Pero lo curioso es que, al mismo tiempo, la crisis golpeó con fuerza también a sus contrincantes, por lo que, con objetivos más acotados, todavía está en condiciones de controlar medianamente la situación. Moyano no quedó marginado pero tampoco logra salir del entuerto en que él mismo se metió en febrero pasado, cuando decidió romper con el grueso del gremialismo y contribuir a su fragmentación, el cuadro hoy más conveniente para un gobierno que tiene entre poco y nada para repartir. Igual que Cristina en la arena electoral, cada paso que da parece que hiere a Macri pero en verdad no deja de llevar agua para su molino.

Y los gremios en general, por más que pujen por aumentos nominales mayores de acá a fin de año y tengan vía libre de parte del Ejecutivo nacional, van a enfrentar ahora el ajustazo monetario, fiscal y financiero que se ha puesto en marcha y que restringe severamente la libertad de acción de los empresarios y funcionarios públicos que les toque atender sus demandas. Saben que el 2018 va a terminar con los salarios debajo de la inflación, y con muchos sectores económicos y áreas del Estado no pudiendo pagar siquiera los aumentos prometidos. No es seguro qué actitud vayan a tomar pero es probable que sigan más o menos como hasta ahora: soltar presión y volver a negociar.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)