En Perú, el 6 de junio se votará en segunda vuelta entre izquierda y derecha. En México, el mismo domingo, se renovará completamente la Cámara de Diputados; 15 de 32 gobernaciones; 30 congresos locales; mil 900 ayuntamientos y juntas municipales. Ecuador inició el 24 de mayo una administración extremadamente débil. El presidente Guillermo Lasso cuenta apenas con 12 legisladores propios en 137 congresistas. El flamante Presidente deberá encarar un panorama con datos durísimos: 32 % de pobreza y 60 % de desempleo.

Por Hugo Machín Fajardo

En pocos días más la ciudadanía de México y Perú acudirá a las urnas para decidir su futuro político no solo de los próximos cinco años, sino quizás décadas que pueden traer desagradables sorpresas.

En Perú, el 6 de junio se votará en segunda vuelta entre izquierda y derecha. Dos candidaturas que han polarizado al electorado y ambientan el inicio de otra sociedad latinoamericana más dividida por una brecha de incierta solución.

En México, el mismo domingo, se renovará completamente la Cámara de Diputados; 15 de 32 gobernaciones; 30 congresos locales; mil 900 ayuntamientos y juntas municipales; se prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanos. Es el proceso electoral más sangriento en lo que va del siglo: 80 candidatos asesinados por el crimen organizado desde septiembre 2020. No está en juego la reelección de Andrés M. López Obrador, pero sí la continuidad o no del avance del Presidente sobre la institucionalidad mexicana, como lo advierten diferentes analistas. The Economist lo llama «el falso Mesías» y sostiene que es «un peligro para la democracia», aunque subraya que el sistema partidario mexicano ambientó su llegada al poder.

En esta oportunidad son peruanos y mexicanos. A principio de siglo fue la mayoría de los venezolanos hastiados del sistemático ninguneo de los partidos políticos del país caribeño, salpicados de corrupción, que eligió a un supuesto mesías disfrazado de republicano y demócrata— Hugo Chávez— que devino en un autócrata, y junto a su heredero, Nicolás Maduro, sumió a Venezuela en lo que es hoy.

Podría decirse lo mismo del Pulgarcito de Centroamérica — El Salvador—  país que luego de sufrir dictaduras durante el Siglo XX, más una cruenta guerra civil fruto de esos regímenes, le otorgó el gobierno tanto a la derecha como la izquierda. Obtuvo el mismo saldo de decepción, que no de alternancia democrática, y finalmente optó por un político que, también valiéndose de la democracia, accede al gobierno para hacerse del poder cuanto más absoluto mejor.

En esto de utilizar la democracia para uso propio puede verificarse un proceso parecido en Argentina. Después del «¡Qué se vayan todos!» del 2001; el escape de Fernando de la Rúa de la Casa Rosada a bordo de un helicóptero y la sucesión de 5 presidentes en 15 días. Las promesas de democracia y mejoras económicas luego de dos períodos de gobierno kirchnerista, dejaron como saldo una zaga de corrupción nunca vista en el país que fuera el granero de Europa y, el desvirtuamiento del concepto de los DDHH a raíz del desvío de fondos públicos de la dirigenta de las Madres de la Plaza, Hebe de Bonafini. Hoy el gran país austral poblado por 44.939.000 habitantes, tiene un 45,2% de su población bajo el nivel de pobreza— 20.530.000 y 4.794.00 en la indigencia— y un descrédito fenomenal ante el mundo financiero.

También otro país latinoamericano supo a fines del siglo pasado lo que es tener varios presidentes al mismo tiempo. Fue luego de la caída de Abdalá Bucaram en 1997, quien siguió considerándose presidente al mismo tiempo que la presidenta del Congreso Rosalía Artega y Fabián Alarcón, quien al final de esos días quedó designado por el Parlamento al frente del Gobierno. Pero no fue gratis. Se sucedieron años de inestabilidad política, seguidos de la irrupción de Rafael Correa, caudillo neopopulista, hoy prófugo de la justicia ecuatoriana. Ecuador inició el 24 de mayo una administración extremadamente débil. El presidente Guillermo Lasso cuenta apenas con 12 legisladores propios en 137 congresistas, la mayoría pertenecientes a partidos de centro izquierda e izquierda, más los numerosos diputados correistas. El flamante Presidente deberá encarar un panorama con datos durísimos: 32 % de pobreza y 60 % de desempleo, ya que desde 2020 se perdieron 700 mil puestos de trabajo formales y hubo aumento alarmante de la informalidad como consecuencia de la pandemia, según el politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep) en declaraciones a El Comercio, de Lima. Demasiado para el presidente de derecha.

Chile reiteró el 16 de mayo que buena parte de la ciudadanía está desinteresada de la política— abstención del 56,6% en la elección de constituyentes— y los 6 millones 188 mil votantes, de casi 15 millones del padrón electoral, eligieron el equilibrio entre los extremos ideológicos: 46,24% de independientes; 33,20% de izquierda y 20,56% de convencionales derechistas. Quedó claro que los partidos políticos chilenos no sintonizan con sus representados, ni con los reclamos que derivaron en el estallido social en 2019.

Colombia acumuló problemas desde 2016 en que el acuerdo de paz acordado entre la administración de Juan M. Santos y la guerrilla de las FARC no fue ratificado en las urnas. En 2019 hubo gigantescas movilizaciones ciudadanas que auguraban un descontento que estalló en el presente multiplicado por la pandemia y la ausencia de intercambio entre gobierno y gobernados. Este viernes 28 de mayo se cumplió un mes del paro nacional en su momento apoyado por la mayoría ciudadana — donde 21 millones de personas, más de un 42%, vive en la franja de pobreza— pero que al presente, según la encuestadora Guarumu, se revirtió. El 56% está en desacuerdo con la paralización y el 35% quiere que se mantenga. Donde la desaprobación sube al 67,3 % es respecto a los bloqueos que han causado una grave crisis económico-comercial a Colombia. Un 24% de los encuestados sigue apoyando esa medida que atenta contra la salud pública acosada por la pandemia y perjuicios de toda índole. Solamente en el Valle del Cauca se anuncian 70.000 despidos como consecuencia de la inactividad forzada por los cortes de rutas nacionales.

En la encuesta no sale bien parado el presidente Iván Duque — 58,6% de desaprobación— y 28,9% de favorabilidad. A lo que se suma los reclamos internacionales de respeto a los DDHH.

La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, negó el jueves 27 que se hubiese impedido la visita de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país. Ramírez informó en Washington que la propia CIDH fijó una audiencia para el 29 de junio, y agregó que una vez finalice esa audiencia de inmediato pueden hacer presencia en el país

En un comunicado emitido el 26 de mayo, la CIDH sostiene que, según información recibida de parte del Gobierno de Colombia, se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios de Colombia, con la participación aproximada de 1.493.791 personas. La CIDH informa que, del total de manifestaciones, al menos en 1.038 protestas se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales «como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza».

En Uruguay la pandemia es el flagelo predominante. El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, cuestionó a la sociedad y al gobierno uruguayos por «perder la oportunidad de blindar abril y mayo» y de «quedarse cortos» en el comportamiento ciudadano, individual, como en el nivel de restricción que hubiese sido adecuado para lograr el blindaje».

Uruguay tiene hoy un «número excesivamente alto de casos, excesivamente alto de persona en CTI y de muertes. Algo de la estrategia de control no está funcionado», dijo el científico asesor del presidente Luis Lacalle Pou.

Radi formuló una seria advertencia en una entrevista concedida el jueves 27 de mayo al semanario montevideano Búsqueda: sin nuevas medidas «disruptivas» es posible «que no vaya peor en un tiempo».