Crisis en Bolivia
Prófugo de la Justicia, Evo Morales organiza el nuevo intento de Golpe de Estado en Bolivia
Prófugo de la justicia y oculto desde octubre de 2024 en la zona cocalera del Chapare, Evo Morales ha sido declarado en rebeldía por la Justicia de Bolivia, por el delito de trata agravada de personas.
Fuente: Análisis Latino
Evo Morales y un nuevo intento de Golpe de Estado en BoliviaLa causa judicial se centra en una investigación de la Fiscalía que acusa a Morales de haber mantenido una relación sentimental con una adolescente de 15 años entre 2014 y 2016, cuando aún ejercía la presidencia de Bolivia, y fruto de la cual habría nacido una niña.
Ante sus repetidas incomparecencias a las citaciones judiciales, un tribunal ordenó su captura internacional y su búsqueda activa, mientras que el Ministerio Público ha solicitado una pena de hasta 20 años de prisión. El exmandatario se encuentra atrincherado en la zona cocalera del Chapare y su defensa ha denunciado el proceso como una persecución política.
En el actual panorama de Bolivia, la influencia de Evo Morales es señalada de forma directa por el oficialismo y diversos sectores políticos como el motor principal detrás de una estrategia de desestabilización institucional que buscan catalogar como un intento de golpe de Estado.
El exmandatario ejerce un papel determinante en el conflicto a través de las siguientes vertientes:
1. Dirección estratégica del cerco civil
- Liderazgo desde el Chapare: Morales se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba. Desde ese bastión político y sindical, es acusado de articular y financiar los bloqueos de carreteras que mantienen asediada a la ciudad de La Paz.
- Promoción del cerco total: Él mismo ha validado públicamente las protestas, declarándolas una "sublevación contra el modelo neoliberal" y celebrando que el país se encuentre paralizado, argumentando que el despliegue militar del gobierno de Rodrigo Paz Pereira fracasó.
2. Presión para forzar la renuncia presidencial
- Exigencia de dimisión: Aunque las protestas iniciaron por demandas gremiales y económicas del sector obrero, los sectores afines a Morales (conocidos como la facción "evista") asimilaron rápidamente la consigna de exigir la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira.
- Discurso deslegitimizador: El expresidente ataca constantemente la institucionalidad del mandatario actual bajo la premisa de que "no se gobierna privatizando recursos naturales ni mendigando al FMI", lo que alienta la insurrección en las calles.
3. Escudo social ante sus causas judiciales
- Orden de aprehensión: La movilización masiva de sus bases coincide con la orden de captura ratificada por la justicia boliviana en su contra por presuntos delitos de trata de personas y estupro.
- Resistencia organizada: Analistas locales señalan que Morales utiliza su enorme capacidad de movilización campesina como un escudo político y de impunidad. Sus bases advierten que cualquier intento de las fuerzas del orden por ingresar al Chapare para detenerlo desataría una "guerra civil".
Reacción internacional y su contraparte
Mientras el gobierno de Paz Pereira denuncia formalmente que las acciones de Morales constituyen un atentado golpista para forzar un retorno inconstitucional al poder, un bloque de ocho países de la región respaldó al gobierno constitucional y rechazó los métodos desestabilizadores atribuidos al expresidente.
Por su parte, Morales niega ser el autor intelectual directo del caos civil, argumentando que se trata de un levantamiento espontáneo del pueblo y acusando al gobierno de ejercer una persecución judicial con tintes políticos (lawfare).
La causa judicial se centra en una investigación de la Fiscalía que acusa a Morales de haber mantenido una relación sentimental con una adolescente de 15 años entre 2014 y 2016, cuando aún ejercía la presidencia de Bolivia, y fruto de la cual habría nacido una niña.
Ante sus repetidas incomparecencias a las citaciones judiciales, un tribunal ordenó su captura internacional y su búsqueda activa, mientras que el Ministerio Público ha solicitado una pena de hasta 20 años de prisión. El exmandatario se encuentra atrincherado en la zona cocalera del Chapare y su defensa ha denunciado el proceso como una persecución política.
En el actual panorama de Bolivia, la influencia de Evo Morales es señalada de forma directa por el oficialismo y diversos sectores políticos como el motor principal detrás de una estrategia de desestabilización institucional que buscan catalogar como un intento de golpe de Estado.
El exmandatario ejerce un papel determinante en el conflicto a través de las siguientes vertientes:
1. Dirección estratégica del cerco civil
- Liderazgo desde el Chapare: Morales se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba. Desde ese bastión político y sindical, es acusado de articular y financiar los bloqueos de carreteras que mantienen asediada a la ciudad de La Paz.
- Promoción del cerco total: Él mismo ha validado públicamente las protestas, declarándolas una "sublevación contra el modelo neoliberal" y celebrando que el país se encuentre paralizado, argumentando que el despliegue militar del gobierno de Rodrigo Paz Pereira fracasó.
- Exigencia de dimisión: Aunque las protestas iniciaron por demandas gremiales y económicas del sector obrero, los sectores afines a Morales (conocidos como la facción "evista") asimilaron rápidamente la consigna de exigir la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira.
- Discurso deslegitimizador: El expresidente ataca constantemente la institucionalidad del mandatario actual bajo la premisa de que "no se gobierna privatizando recursos naturales ni mendigando al FMI", lo que alienta la insurrección en las calles.
- Orden de aprehensión: La movilización masiva de sus bases coincide con la orden de captura ratificada por la justicia boliviana en su contra por presuntos delitos de trata de personas y estupro.
- Resistencia organizada: Analistas locales señalan que Morales utiliza su enorme capacidad de movilización campesina como un escudo político y de impunidad. Sus bases advierten que cualquier intento de las fuerzas del orden por ingresar al Chapare para detenerlo desataría una "guerra civil".
Mientras el gobierno de Paz Pereira denuncia formalmente que las acciones de Morales constituyen un atentado golpista para forzar un retorno inconstitucional al poder, un bloque de ocho países de la región respaldó al gobierno constitucional y rechazó los métodos desestabilizadores atribuidos al expresidente.
Por su parte, Morales niega ser el autor intelectual directo del caos civil, argumentando que se trata de un levantamiento espontáneo del pueblo y acusando al gobierno de ejercer una persecución judicial con tintes políticos (lawfare).