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Camden Luxford

La inclusión social en América Latina

(Análisis Latino) Americas Quarterly (AQ) ha publicado un Índice de la Inclusión Social, el cual busca definir e inspirar la discusión de un concepto que a la vez abarca y va más allá de la mera desigualdad. La inclusión social incluye los factores que agudizan la desigualdad de ingresos y expresa la voz y autonomía de una persona. Es la habilidad de un ciudadano de “participar en el básico funcionamiento político, económico y social de su sociedad”.

Por Camden Luxford
11 de mayo de 2012
 

(Análisis Latino) América Latina por mucho tiempo ha sido una de las regiones con mayor desigualdad del mundo. Una sociedad en que una considerable proporción de la población es poco valorada – si no activamente discriminada – y negado su acceso a servicios, no es solamente una sociedad moralmente reprensible sino también ineficaz y incapaz de llegar a tener un desarrollo significativo y sostenible.

Al reconocer este hecho, Americas Quarterly (AQ) ha publicado un Índice de la Inclusión Social, el cual busca definir e inspirar la discusión de un concepto que a la vez abarca y va más allá de la mera desigualdad. La inclusión social incluye los factores que agudizan la desigualdad de ingresos y expresa la voz y autonomía de una persona. Es la habilidad de un ciudadano de “participar en el básico funcionamiento político, económico y social de su sociedad”.

Para dar significado cuantitativo a este tan nebuloso concepto, la AQ dio puntos a cada país tanto en las aportes como en los resultados de la inclusión social. Los aportes incluidos son: crecimiento del PBI, porcentaje del PBI destinado a programas sociales, matriculación en la secundaria (desagregada por género y etnia), derechos políticos, derechos civiles y participación en la sociedad civil. Los resultados son: el porcentaje de la población que vive con más de US$4 por día (desagregado por género y etnia), sensación de empoderamiento personal, percepción de capacidad de respuesta gubernamental, acceso a vivienda adecuada (desagregada por género y etnia) y acceso al trabajo formal (desagregada por género y etnia). Luego se les dio a los países analizados una puntuación máxima de 100.

A primera vista los resultados no sorprenden: Chile (71.9) y Uruguay (71.2) vienen muy por adelante de Brasil (51.4), que ocupa el tercer lugar. Paraguay (21.2), Nicaragua (10.3) y Guatemala (7.5) siguen a la cola de los doce países que se los examinó en este primer esfuerzo.

La situación de las mujeres representa una buena noticia para toda la región. Pocos países demuestran diferencias significativas entre los géneros en el acceso a la educación, vivienda adecuada o empleo formal, aunque en Nicaragua existe una inclinación en favor de las mujeres, con una tasa del 59.6% de matriculación secundaria están muy por adelante de los hombres, que se matriculan con una tasa del 47.6%.

Una tendencia parecida, si no tan pronunciada, se ve en Brasil. Mientras que los indicadores de un creciente empoderamiento de las mujeres son alentadores, no debe dejarse de lado la situación de los hombres: el desarrollo no es un juego de suma cero.

La exclusión racial es común en América Latina, llegando a sus extremos en Paraguay, Nicaragua y Guatemala. Quizás fuera de esperar que países racialmente homogéneos como Chile y Uruguay encabezaran este índice, mientras que los que enfrentan el desafío de integrar poblaciones diversas, muchas veces tras una dolorosa historia de violencia, van a la zaga. Brasil y Perú han hecho impresionantes pasos al respecto, aunque todavía tienen mucho trabajo por hacer.

El buen resultado de Chile refleja sus altos puntos tanto en los aportes como los resultados de la inclusión social, aunque se destaca una diferencia marcada en acceso a una vivienda adecuada entre las etnias (el 84.3% para la minoría contra el 97% para la mayoría étnica). La participación en la sociedad civil es algo baja, con una pertenencia promedio a organizaciones de 1.3 por ciudadano. Sin embargo, como reconoce la propia AQ, este bajo nivel de participación puede reflejar un ámbito generalizado de satisfacción, especialmente porque corresponde a un percepción razonablemente alta de percepción de capacidad de respuesta gubernamental (3.66 del total posible de 7; el

tercero de la región). Las manifestaciones estudiantiles que han marcado la perspectiva política del país durante el último año son, desde luego, un indicador de los desafíos pendientes.

Uruguay se destaca por la alta proporción del PBI destinada a programas sociales (el 21.65%, superado solamente por Brasil). Existen diferencias pronunciadas en la matriculación secundaria entre las etnias (el 82.5% de la mayoría contra el 69.3% de las minorías) y no sorprende que esto se refleje en los resultados de inclusión: acceso a un empleo formal (el 85.9% contra el 77.6%) y porcentaje que vive con menos de US$4 dólares por día (el 89.5% contra el 78.9%). La participación en la sociedad civil es la menor de la región (1.14), pero va acompañada por la mayor percepción de capacidad de respuesta gubernamental de la región (4.58) y la segunda mayor sensación de empoderamiento personal (4.3 del total de 7, segundo solamente detrás de los Estados Unidos).

Brasil es un gran inversor en programas sociales (26.05% del PBI), pero todavía persiste la exclusión racial, por ejemplo, en el porcentaje de la población que vive con menos de US$4 por día (el 72.1% al 67.8%). Sin embargo, es evidente el excelente progreso del país en este sentido: el reto de aquí en adelante constará de seguir haciendo un uso eficaz de los vastos recursos movilizados para terminar con la tarea.

Ecuador y Perú vienen juntos en el cuarto lugar con 43.8 puntos. Perú, con una larga y a veces brutal historia de discriminación racial, debe felicitarse por su excelente trabajo en mejorar el acceso a la educación secundaria de la minoría étnica (el 83% al 79.7% de la mayoría), aunque este logro aún no se tradujo a los resultados de la inclusión social. Por ejemplo, nada más que el 55.4% de la minoría indígena vive con más de US$4 por día, comparado con el 71.8% de la mayoría.

Ecuador tiene un limitado sector de empleo formal (el 52.5% de la mayoría étnica al 41.4% de la minoría) y el enorme contraste de ingresos entre las étnicas presenta un reto urgente. El 70.1% de la mayoría vive con más de US$4 por día contra el 47.1% de la minoría étnica. No obstante eso, una percepción de empoderamiento personal se extiende por el país, con un puntaje de 4.

Colombia (41.8) tiene que mejorar tanto los aportes como los resultados de inclusión. Derechos políticos y civiles son preocupantes (27 del total posible de 40 y 34 de 60 respectivamente): el país tiene el dudoso honor de colocarse en el último lugar, junto con Guatemala y Nicaragua. Hay considerables diferencias entre las mayorías y minorías étnicas en el acceso a una vivienda adecuada (el 84.1% al 66.4%) además de la proporción de la población que vive con más de US$ 4 por día (el 64.8% al 48.2%).

Bolivia y México comparten el sexto lugar, con 39 puntos. Bolivia se divide por líneas raciales en casi todos los indicadores (el porcentaje de ciudadanos que vive con más de US$4 por día, por ejemplo, es el 62.2% de la mayoría contra el 45.7% de la minoría étnica) y el acceso a un empleo formal es bajo en general. No obstante, la percepción de capacidad de respuesta gubernamental es la segunda mayor de la región (3.91) y en participación en la sociedad civil, con un promedio de 2.45 organizaciones por persona, es la primera.

En México se ven diferencias según líneas étnicas en acceso a un empleo formal (el 44.3% al 33.1%), acceso a una vivienda adecuada (el 92% al 84.1% - una tasa desigual pero alta) y el porcentaje que vive con más de US$4 por día (el 75.4 al 61.3%). Se complicaron las tareas de desarrollo social del país debido a un crecimiento del PBI muy flojo (1.66%), a causa de la dificultades económicas de su vecino norteño.

Divisiones étnicas dejan su marca en Paraguay (21.2). Matriculación secundaria (el 84.5% al 57.8%), porcentaje que vive con más de US$4 por día (el 75.6% al 44.3%), acceso a una vivienda adecuada (el 78.8% al 51.5%), acceso a un empleo formal (el

44.9% al 22.3%): es un cuadro nefasto. Participación en la sociedad civil es alta con un promedio de 2.4 membresías por persona, pero el país tiene el peor desempeño de todos en empoderamiento personal (3.73).

Nicaragua, con 10.3, da vuelta al patrón de acceso reducido a empleo formal para la minoría étnica. El 50.2% de ellos trabajan en blanco, contra el 40.4% de la mayoría. Las mujeres también disfrutan de un acceso mayor a empleo formal (el 50.4%) que el de los hombres (34.9%). Sin embargo, un patrón más familiar de desigualdad se ve en lo que trata de ingresos (el 37.5% de la mayoría vive con más de US$4 por día contra el 27.1% de la minoría étnica) y acceso a una vivienda adecuada (el 26.4% de la mayoría étnica contra un desastroso 8.2% de la minoría).

En último lugar con 7.5 puntos, Guatemala demuestra desigualdad extrema en todos los indicadores. El 27.5% de la minoría indígena vive con más de US$4 por día, comparado con el 62.5% de la mayoría, y solo el 27.3% de los indígenas tienen acceso a un trabajo formal, contra el 51.6% de la mayoría. Matriculación secundaria es muy baja para todos, pero en especial cuando se trata de las minorías étnicas (el 35%). Participación en la sociedad civil es la tercera mayor de la región, con un promedio de 2.35 membresías por ciudadano.

Cuantificando lo intangible

Es un cuadro interesante y el mismo AQ reconoce los defectos de los datos. Al respecto, la participación en organizaciones de la sociedad civil puede considerarse un método problemático para medir la inclusión social: ¿es un aporte a la inclusión o una reacción a la exclusión? ¿O ninguno de los dos? ¿O ambos? Cantidad de inversión en programas sociales, aquí expresada por el porcentaje del PBI destinado a estos propósitos, no es un indicador perfecto tampoco: la corrupción, la ineficiencia o la pura ineptitud pueden volver inútiles a los más vastas cantidades de dinero.

Sin embargo, la naturaleza de tales índices es así: tratan de simplificar lo complejo y cuantificar lo intangible, por lo cual sus resultados nunca deben creerse al pie de la letra. Según el AQ, este nuevo índice es una invitación a dialogar, “a encender un debate sobre las dimensiones concretas de la inclusión social”. Al presentar los ya conocidos datos en una forma nueva e innovadora, el AQ ha podido iluminar algunos de los éxitos y los desafíos pendientes de nuestra región.