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Camden Luxford

Dos modelos opuestos para el desarrollo regional

El modelo personalista, populista y discrecional de Venezuela frente a la gobernabilidad al estilo uruguayo: abierta al dialogo y la crítica, transparente y, tal vez, no tan fácil para llevar adelante. Las personalidades fuertes contra las instituciones. Argentina parece inclinarse hacia la primera, y el informe identifica la llamada enfermedad argentina: “crisis y debilidad institucional suelen fortalecerse mutuamente”.

Por Camden Luxford
14 de junio de 2012
 

El Índice de Transformaciones de la Fundación Bertelsmann busca analizar la calidad de la democracia, la economía y la gestión de los países en vía de desarrollo a la democracia y la economía del mercado basadas en el estado de derecho y las garantías sociopolíticas. En ese sentido, el índice es claramente normativo: tiene su ideal y analiza los países según el camino que están tomando hacia él.

El estudio trata de una exhaustiva gama de indicadores agrupados en los tres temas ya mencionados - democracia, economía, gestión - y es este último el que resulta más novedoso e interesante en este índice. Clasifica los gobiernos según su habilidad de priorizar e implementar sus programas y aprender de los resultados, de construir consensos nacionales y relaciones mutuamente beneficiosas internacionalmente, y de usar los bienes públicos de forma eficaz y con menor corrupción.

Luego, mediante esta clasificación, el índice busca identificar las buenas prácticas de gobierno. La debilidad del estudio yace en la misma minuciosidad: tan comprensivo índice toma su tiempo en compilarse y el estudio sale a la luz sólo cada dos años en un mundo de tan rápida transformación.

Sin embargo, el análisis es instructivo. Se examina a 128 países que siguen en vía de transformación, excluyendo a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia y los de Europa Occidental, que -si bien no llegan a tener democracias "perfectas"- sí disfrutan de democracias consolidadas donde rige el estado de derecho y la economía del mercado.

La República Checa se ubica en la primera posición en el Índice del Estado (estado político y económico actual), lugar que ha ocupado en los últimos tres informes. Taiwán viene después, seguido por Eslovenia, y tres países latinoamericanos - Uruguay, Chile y Costa Rica - se colocan dentro de los primeros diez lugares, llegando en el 4°, 9° y 10° respectivamente. Incluso Uruguay lidera el subíndice de transformación política. También presente en los primeros diez lugares del Índice del Estado se encuentran Estonia (5°), Polonia (6°), Lituania (7°) y Eslovaquia (8°).

Los tres países latinoamericanos ya mencionados también se colocan - juntos con Brasil - dentro de los primeros diez países en el Índice de Gestión (Uruguay 2°, Brasil 4°, Chile 5° y Costa Rica 9°). Éste índice es liderado mundialmente por Taiwán, con la presencia de Estonia (3°), Lituania (7°), Corea del Sur (8°) Botswana (9°) y Mauritania (10°).

Argentina: Ineficiencia y corrupción en el manejo de los recursos públicos

Argentina ocupa el lugar número 33 y el octavo a nivel regional, por debajo de los cuatro países ya mencionados más Panamá, Jamaica y El Salvador. Perú, México y la República Dominicana vienen pisándole los talones en los lugares 34°, 35° y 36°. Su desempeño en el Índice de Gestión es menos impresionante: 15° en la región y 60° en el mundo. En América Latina sólo Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Cuba y Haití reciben peores puntajes. Tan decepcionante resultado en lo que trata de gestión es preocupante, sembrando dudas sobre la sustentabilidad de un desempeño bastante aceptable en el Índice de Estado.

Que quiere medir el Índice de Gestión? Primero, trata de incorporar el nivel de dificultad que implica gestionar el país indicado, a causa de limitaciones estructurales, tradiciones de la sociedad civil, producto bruto interno, nivel de educación y el puntaje de "estatalidad y estado de derecho".  O sea, hasta qué punto el gobierno posee un monopolio sobre el uso de la fuerza y maneja una nación coherente dentro de un contexto de infraestructura administrativa básica y sin la interferencia de dogma religioso. Así nivelada la cancha, el índice mide la capacidad de manejo del gobierno (priorización, implementación y aprendizaje de las programas), la eficiencia de su uso de recursos (uso de bienes, coordinación de políticas y políticas contra la corrupción), su construcción de consensos (consenso en los objetivos, presencia de actores antidemocráticos, manejo de conflictos, participación de la sociedad civil y reconciliación) y cooperación internacional (uso eficaz de apoyo extranjero, credibilidad y cooperación regional).

El gobierno argentino se desempeña bien en un puñado de indicadores. Recibe un puntaje de 8 (de 10) en cooperación regional, aunque su mediocre puntaje de 5 en credibilidad internacional y 6 en el uso eficaz de apoyo internacional tira abajo al puntaje promedio de cooperación internacional a un 6.3 no muy inspirador, empatado con Bolivia.

Las restricciones recién impuestas a las importaciones, fastidiando a Brasil y Chile y enfureciendo a Europa, sugieren que si se repitiera hoy el estudio los puntajes podrían bajar todavía más. Ni hablar de la reciente expropiación de la petrolera YPF.

La construcción de consenso es un punto relativamente fuerte con un puntaje de 7.4, aunque el informe del país critica el carácter selectivo de la participación de la sociedad civil, en la cual sólo se consideran los intereses de los grupos que "puedan presionar al gobierno o que formen parte de la base del poder del gobierno y/o el partido gobernante … la movilización de militantes de forma populista no es un método convincente de enfrentar los problemas y crear una base de diálogo y soluciones constructivas".

En lo que trata de capacidad de manejo (5.7), el informe critica la habilidad del gobierno de priorizar (6) y señala que la presidenta Kirchner "sigue un inflexible camino de acción basado en una estrategia populista de movilizar sus adherentes y eludir el tratamiento del conflicto en las instituciones representativas, los partidos y el Congreso" . El aprendizaje en el proceso de gobernabilidad es una debilidad (5) y se subraya la falta de innovación y diálogo y el estilo "autoritario y opaco" de liderazgo que ha caracterizado las administraciones de ambos presidentes Kirchner.

Eficiencia en el uso de recursos (5.3) constituye el peor puntaje del gobierno argentino en el Índice de Gestión. La cantidad descomunal de dinero que se maneja fuera del presupuesto y la auditoría insuficiente son criticados y ambos contribuyen al puntaje bajo en uso eficaz de bienes (5). El informe llama la atención a "gastos adicionales de casi el 30% que no son sujetos a ningún control" . Tampoco se manejan bien los recursos humanos: pese a la legislación que defiende un proceso basado en el mérito, los empleos en el servicio civil son, generalmente, "el resultado de maquinaciones dentro de redes clientelistas"  y los diplomáticos muchas veces llegan a sus puestos por política y no por carrera.

El caso de INDEC es instructivo: los asignados políticos que reemplazaron a los funcionarios de esta institución han permitido la manipulación de información macroeconómica y, como resultado, han contribuido a la creciente cantidad de dinero disponible del gobierno para que la maneje fuera del presupuesto. La coordinación de políticas es mediocre (6) y las políticas contra la corrupción (5) son debilitadas por la fragilidad del estado de derecho, el sistema de prebendas clientelistas y la falta de "transparencia, eficaz y neutralidad" .

Dos modelos para seguir

Sin embargo, las cosas podrían ser peores para la Argentina. Es que Venezuela  tiene el dudoso honor de ser el país latinoamericano de peor gestión, con un puntaje de 2.15. Pese de la estrategia clara y de largo plazo del presidente Hugo Chávez - construir "una sociedad colectivista basada en las comunas populares y una economía de planificación centralizada de equivalencia"  - no hay prioridades bien definidas ni un plan muy obvio de cómo pretende llegar al destino.

El informe critica la "resistencia colectiva y manifiesta al aprendizaje… y un equipo de gestión que se selecciona de un grupo limitado y no muy preparado que es leal al líder del 'proceso' en vez de a los principios de dicho proceso" . No sólo reniega el régimen a aprender de su propia experiencia sino también demuestra una ceguera selectiva a los hechos intempestivos y manipula o suprime cualquier información inconveniente.

Así como en Argentina, grandes cantidades de fondos públicos se manejan fuera del presupuesto y los recursos humanos se emplean según la conveniencia política y no el mérito. La crítica, en la Venezuela de Chávez, es inoportuna y se considera antipatriótica.

El informe de Uruguay, del otro lado, señala la implementación gradual de reformas "para mantener el consenso general"  y el debate y diseño público de programas innovadores como el sistema integrado nacional de salud o la programa "Un Portátil para Cada Niño". A pesar de contar con un servicio público aún demasiado grande y muchas veces ineficaz, ya se ha iniciado en Uruguay -uno de los países menos corruptos de la región- una  revisión que incluye procedimientos de selección más competitivos.

De lo que trata de la coexistencia en un mundo inescapablemente globalizado, "el gobierno uruguayo es considerado un socio creíble y confiable por la comunidad internacional. El país ha construido una reputación de respeto a los compromisos, contratos y el estado de derecho … [lo cual fue demostrado durante] el conflicto con Argentina por una fábrica de pasta de celulosa en 2010" .

Son dos modelos opuestos: el modelo personalista, populista y discrecional de Venezuela frente a la gobernabilidad al estilo uruguayo: abierta al dialogo y la crítica, transparente y, tal vez, no tan fácil para llevar adelante. Las personalidades fuertes contra las instituciones. Argentina parece inclinarse hacia la primera, y el informe identifica la llamada enfermedad argentina: "crisis y debilidad institucional suelen fortalecerse mutuamente" .

Es una lástima que los últimos años de crecimiento económico no se hayan aprovechado para fortalecer las instituciones del país, impidiendo que la Argentina avance en el camino al desarrollo más allá de la influencia de los personalismos que caracterizan a los gobiernos peronistas.