(Análisis Latino) Según O Globo, se gastaron cerca de 100 millones de reales a lo largo de los tres años; estimándose que cada legislador recibía entre 10 y 15 mil dólares mensuales. Aunque Lula negó todo conocimiento sobre la corrupción, sus críticos han cuestionado la probabilidad de que realmente no se hubiera enterado.

Por Marisa Raditsch

Siete años después de salir a la luz, comenzó el jueves 2 de agosto pasado el juicio en el Tribunal Supremo Federal de Brasil de uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de Brasil. Denominado mensalão, o la gran mensualidad, se trata de un escándalo de compra de votos con dinero público, juicio cuyos resultados tienen la potencialidad de empañar la popularidad y el legado de la presidencia de Lula. Asimismo, este juicio es altamente significativo pues simboliza el repudio ante la impunidad de los altos funcionarios públicos que ha regido en dicho país.

El mensalão estalló en 2005, cuando, en una muestra de la capacidad del periodismo de investigación, una revista semanal brasileña llamada Veja hizo público la existencia de un video que mostraba a Mauricio Marinho, un funcionario de correos, recibiendo un soborno. En el video se señaló el involucramiento de Roberto Jefferson, diputado y presidente del PTB (Partido Laborista Brasileño). Esto llevó a que Jefferson denunciara un esquema del cual él era beneficiario: que entre 2003 a 2005, el gobierno del PT (Partido de los Trabajadores) pagó una mensualidad a los legisladores, tanto aliados como miembros del partido, para comprar su apoyo.

Según O Globo, se gastaron cerca de 100 millones de reales a lo largo de los tres años; estimándose que cada legislador recibía entre 10 y 15 mil dólares mensuales.

Entre los acusados se encuentran ex ministros, ex diputados de los partidos de la coalición, dirigentes bancarios y empresarios. Casi todos los 38 acusados niegan las acusaciones. Hay siete cargos, entre ellos corrupción y lavado de dinero a formación de cuadrilla y peculado; algunos de los cargos implican penas de hasta 12 años de prisión. Los tres acusados más prominentes son José Dirceu, ex ministro de Lula y el llamado padrino del PT, Delúbio Soares, ex tesorero de dicho gobierno, y José Genoino, el ex presidente del partido; quienes constituían la columna vertebral de su partido. Reuters señaló que la llegada a la presidencia de Rousseff se vio favorecida por las consecuencias del mensalão, gracias a la polémica alrededor de Dirceu, anteriormente candidato presunto pos-Lula, que ella tuvo la oportunidad de remplazarlo.

Aunque Lula negó todo conocimiento sobre la corrupción, sus críticos han cuestionado la probabilidad de que realmente no se hubiera enterado. De acuerdo con BBC Mundo, cuando recién estalló la noticia de la corrupción, Lula dijo que el PT debía pedir disculpas por generar el escándalo, pero al empezar su segundo mandato un año después, afirmó más bien que era una farsa en contra de su gobierno.

Los altos funcionarios brasileños tienen una tradición de impunidad bastante fuerte. Como se subrayó en una nota del Associated Press, por ejemplo, Paulo Maluf, un congresista y ex gobernador, está en la lista de fugitivos de la Interpol por robo conectado con soborno; el ex presidente Fernando Collor, que renunció a este cargo en 1992 ante un escándalo de corrupción, ha sido senador desde 2006 y su padre, el senador Arnon de Mello, nunca fue juzgado por disparar y asesinar a otro senador en pleno senado en los años 60.

Se especula que el juicio tendrá una duración mínima de dos meses. Una semana después de iniciar el juicio, se ha acusado a la Fiscalía de no tener pruebas que demuestren el supuesto pago de soborno a los legisladores, y que este se apoya meramente en unos pocos testimonios y artículos de prensa.

Se ha reflexionado que los resultados del juicio podrían tener implicaciones importantes para las elecciones municipales brasileñas que se llevarán a cabo en octubre de este año, pues los partidos de la oposición pueden usarlos en su favor.