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Camden Luxford

La (in)seguridad alimentaria en América Latina

(Análisis Latino) Un claro desafío para toda la región sería el gasto público en la I&D dentro del sector agrícola, en el cual América Latina tiene un desastroso puntaje de 11.8 de 100. Increíblemente, diez países latinoamericanos (de los 19 analizados) reciben un puntaje de cero en este indicador.

Por Camden Luxford
30 de agosto de 2012
 

(Análisis Latino) Además del imperativo moral de alimentar al prójimo, la inseguridad alimentaria y el hambre tienen impactos económicos concretos: los costos de la salud suben, y la productividad de los trabajadores baja. Según Action Aid, la inseguridad alimentaria cuesta alrededor de US$450 mil millones por año a las economías en desarrollo. Y si eso fuera poco, estudios del Fondo Internacional Monetario y la Organización de las Naciones Unidas sugieren que la inseguridad alimentaria guarda correlación con la decaída de instituciones democráticas. La Primavera Árabe – aunque fuera pro-demcrática e impulsada sólo en parte por la inseguridad alimentaria – fue demostración contundente de los niveles de descontento social que se podrían esperar en un futuro de duradera inseguridad alimentaria. Y al menos que actuemos ya, ése es el futuro que tendremos: según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (la OAA), para alcanzar la demanda global en el 2050 la producción alimentaria tendría que incrementarse en un 50-70%.

Por lo tanto, la edición inaugural del nuevo índice de The Economist Intelligence Unit, el Índice Global de Seguridad Alimentaria, será muy útil al juego de herramientas de las personas que trabajan en este ámbito.

No resulta sorprendente que los países de altos ingresos salen mejor parados en el índice, con Norteamérica en la primera posición, seguida por Europa y Asia Central. En tercer lugar se encuentra Asia del Este y el Pacífico, y América Latina y el Caribe se colocan en la cuarta posición. A la cola vienen Medio Oriente y África del Norte, Asia del Sur y África subsahariana.

El índice examina tres aspectos de la (in)seguridad alimentaria: la asequibilidad, la disponibilidad, y la calidad y seguridad de los alimentos. El ranking de nuestra región no varía entre estas tres categorías, aunque el puntaje sí. En la asequibilidad, el puntaje regional es 55.1 (de 100); en disponibilidad, 51.8; y en calidad y seguridad, 60.1.

Un claro desafío para toda la región sería el gasto público en la I&D dentro del sector agrícola, un indicador de disponibilidad en el cual la región tiene un desastroso puntaje de 11.8 de 100. Sólo Asia del Sur tiene peor desempeño en este aspecto. Cómo explica Carlo Cafiero de la OAA, “normalmente los resultados de la inversión en investigación y desarrollo vienen con un atraso considerable. De modo que hoy en día, nos enfrentamos con problemas sustanciales porque durante los 80 y 90 la inversión en la agricultura estaba bastante baja…” Se puede imaginar los problemas que nos esperan en los años que vienen sin la pronta implementación de planes viables de inversión en el sector agrícola.

Increíblemente, diez países latinoamericanos (de los 19 analizados) reciben un puntaje de cero en este indicador: Colombia, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Uruguay, Brasil y Venezuela tienen el mejor desempeño de la región, con un puntaje de 37.5. Argentina, Chile y México vienen después con un puntaje de 25, colándose dentro de la clasificación de “desempeño regular” (25-75), mientras que Bolivia, Costa Rica y Nicaragua reciben puntajes de 12.5.

Pese a sus decepcionantes resultados en lo que trata de la inversión y la I&D, la región, en promedio, no está tan mal parado en el índice. Chile, con un puntaje de

68.9 sale en el primer lugar (el 26° lugar mundialmente). Haití – como tristemente era de esperar – va a la retaguardia de la región, con un pésimo puntaje de 24.5 obteniendo la 102° posición en un campo de 105 países analizados. `

Además de la importancia de I&D, el informe identifica varios indicadores relacionados con la nutrición y la políticas públicas que están correlacionados con la seguridad alimentaria, y que por lo tanto representan oportunidades para los gobiernos regionales: el acceso a financiación de los agricultores, la existencia de programas de protección social enfocados en la seguridad alimentaria (que ya se convirtió en una fortaleza de la región), la calidad de los proteínas y la diversificación de dietas. Además, se ha identificado una considerable correlación entre la seguridad alimentaria y la oportunidades económicas de las mujeres: otra razón por la cual luchar por la inclusión de las mujeres en toda la región.

El crecimiento experimentado durante los últimos años en la mayoría de los países latinoamericanos continuará o no; felizmente, la mayoría de los indicadores arriba destacados pueden ser mejorados sin implicar gastos excesivos. Esperemos que los gobiernos regionales sepan buscar políticas y soluciones innovadoras a un problema potencialmente muy grave.