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Aleardo F. Laría
Buitres y caranchos
Por Aleardo F. Laría
Twitter: @aleardol
20 de noviembre de 2012
(Diario Río Negro) Resulta un tanto cínico escandalizarse por las actuaciones que llevan a cabo los acreedores internacionales que pretenden cobrar el valor nominal de unos títulos que un Estado soberano entregó en alguna ocasión como contraprestación por un dinero recibido y aceptar, al mismo tiempo, que nuestros especuladores autóctonos sigan haciendo de las suyas.
 

(Diario Río Negro) El canciller Héctor Timerman reclamó la ayuda de la comunidad internacional para liberar al mundo de los "fondos buitres". "Un mundo libre de estos carroñeros beneficiaría no sólo a la Argentina sino también a otras naciones pobres de África y América Latina", aseguró el funcionario, quien pidió y alentó a "todas las naciones y organizaciones de buena voluntad" que ayuden a la Argentina a "deshacerse de ellos". Una cruzada que difícilmente encuentre eco en la comunidad internacional dado su irrealismo y el hecho de que proviene de un país con un frondoso historial de incumplimientos de deuda soberana.

Timerman manifestó que el gobierno no va a "premiar a los usureros que compraron bonos en default por centavos y se han negado a un acuerdo que les habría representado un claro beneficio, pidiendo mucho más, incluso varias veces la cantidad que gastaron". Por su parte, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, señaló en México, en ocasión de una reunión de ministros de Finanzas, que "la actuación de los fondos buitres debería constituir una preocupación global, no sólo para la Argentina, por el impacto negativo de sus conductas predatorias en la estabilidad financiera".

Esta obsesiva campaña contra los denominados "fondos buitres" no es más que una cortina de humo que pretende encubrir unas sinuosas maniobras dirigidas a eludir el cumplimiento de una resolución judicial dictada por un tribunal de Nueva York. Como han señalado algunos especialistas, la pretensión del juez neoyorquino Thomas Griesa de que Argentina brinde el mismo tratamiento (pari passu) a los holdouts (acreedores que quedaron fuera del canje forzoso) que al resto de los acreedores carece de la gravedad que le atribuye el gobierno y, por el contrario, puede ser una magnífica ocasión para solucionar definitivamente el problema de la deuda. En términos prácticos, salvo modificaciones de último momento, la resolución judicial equivaldría a forzar a todos los acreedores a plegarse a los términos de lo pactado en un concurso internacional de acreedores.

Llama la atención esa extrema demonización de los acreedores que –no debemos olvidarlo– son simples tenedores de unos títulos de la deuda pública que Argentina se comprometió a pagar alguna vez y luego no cumplió. Muchos de esos tenedores de deuda son humildes jubilados italianos, alemanes y japoneses que pusieron sus ahorros en unos títulos que resultaron luego impagados. Otros son propiedad de despachos de abogados que han adquirido esos títulos a un precio por debajo del valor nominal con la expectativa de obtener luego un monto superior.

Esta operación, en virtud de la cual el poseedor de un crédito dudoso prefiere cederlo por una cantidad cierta y determinada en el presente, inferior al valor nominal del título, y otro lo compra, con la expectativa de obtener luego un valor superior, es una operación habitual en el terreno de las finanzas y que no tiene ningún desdoro para nadie. Se trata ni más ni menos que de la compraventa de un riesgo. Alguien compra y descuenta del precio lo que considera el riesgo de pérdida del valor nominal o el costo del esfuerzo jurídico por conseguir cobrar el crédito moroso.

Muchos de los compradores de "bonos basura", caracterizados despectivamente como "fondos buitres", no son más que estudios jurídicos dispuestos a gastar su tiempo en la persecución de deudores remisos. En ese espacio se mueven también fondos internacionales de alta especulación (hedge founds) que, en ocasiones, realizan maniobras dirigidas a elevar artificialmente el precio de una moneda o de unas acciones para vender antes de que se derrumbe el precio, lo que los sitúa directamente en el terreno delictivo.

Sin embargo, la operación de adquirir por un precio una opción de compra (calls) o de venta (puts) sobre un activo subyacente, especulando con la oscilación del precio futuro –al alza o a la baja– para hacerse con una ganancia y corriendo el riesgo de soportar una pérdida, es una operación perfectamente legal que practican millones de personas en el mundo. Consideran que su negocio es tan honorable y necesario como el de cualquier comerciante que adquiere una mercancía por un precio y añade luego al costo de compra los gastos derivados de la comercialización para la venta junto con una ganancia que es el estímulo para dedicarse a esa actividad.

La designación local de los abogados que practican juegos especulativos similares en Argentina es la de "caranchos", denominación popularizada en la conocida película protagonizada por Ricardo Darín. En la versión autóctona, es conocida la forma en que algunos "exitosos" abogados, como el estudio jurídico del matrimonio Kirchner, han conseguido incrementar exponencialmente su fortuna personal. En algunos casos se han aprovechado de una información privilegiada para adquirir viviendas a precio vil, subastadas en los procedimientos de ejecución en los que participaban, en una operatoria éticamente deplorable. Pero en otros casos la operatoria ha rozado el terreno delictivo, cuando ha habido un concierto fraudulento para recibir tierras fiscales brindadas por socios políticos a precios irrisorios para venderlas luego a valores de mercado.

Como se deduce de lo anterior, resulta un tanto cínico escandalizarse por las actuaciones que llevan a cabo los acreedores internacionales que pretenden cobrar el valor nominal de unos títulos que un Estado soberano entregó en alguna ocasión como contraprestación por un dinero recibido y aceptar, al mismo tiempo, que nuestros especuladores autóctonos sigan haciendo de las suyas. Antes de sumarse a la altisonante epopeya que propone el canciller Timerman, convendría hacer un repaso de algunos pequeños detalles que son resultado de aplicar simplemente el sentido común.

La primera consideración, bastante obvia, es que si las naciones honraran su deuda soberana no habría espacio para el juego de los fondos que especulan con bonos públicos. La segunda, que si nuestra legislación urbanística estuviera actualizada, resultaría imposible que nuestros especuladores locales construyeran su portentosa riqueza beneficiándose con la compraventa de terrenos fiscales que deberían destinarse a un uso social. Tenemos un país muy extenso, pero todavía no le hemos brindado a cada habitante la posibilidad de ser titular de 300 metros de terreno para construir su primera residencia, entre otros motivos, porque las tierras fiscales algunos intendentes se las ceden a sus amigos. Luego, presas de un curioso arrebato, le proponemos al mundo salir a cazar pájaros.

Fuente: (Diario Río Negro)

 
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Acerca del autor
Aleardo F. Laría
Aleardo F. Laría
Aleardo F. Laría es abogado y periodista.
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