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11.12.12

El autoritarismo competitivo

(Diario Río Negro) Las muestras de disconformidad con el creciente autoritarismo que caracteriza al gobierno de Cristina Fernández, señaladas por instituciones independientes y percibidas por una ciudadanía que salió a las calles el 13S y el 8N, debieran servir de alerta temprana para posibilitar un cambio de rumbo. Sin embargo, el problema de los regímenes personalistas es que cualquier demanda de la oposición es menospreciada.
Por Aleardo F. Laría

(Diario Río Negro) El politólogo norteamericano Steven Levitsky acuñó la expresión "autoritarismo competitivo" para referirse a los regímenes políticos híbridos, donde las instituciones democráticamente formales existen y permiten las elecciones libres pero luego los gobiernos electos violan las reglas de juego con demasiada frecuencia. No son sistemas donde impere un autoritarismo absoluto, pero las violaciones de los criterios que rigen en las democracias son lo suficientemente frecuentes y serias como para desnivelar el terreno de juego entre el gobierno y la oposición. Levitsky citaba a Venezuela como ejemplo en un artículo escrito en el 2004, pero probablemente hoy incluiría a Argentina en su listado.

Para el profesor norteamericano, los regímenes democráticos cumplen con cuatro criterios mínimos: 1) los cuerpos ejecutivos y legislativos son elegidos a través de elecciones libres y abiertas, 2) todos los ciudadanos votan, 3) los derechos políticos y las libertades civiles, incluidas la de prensa, la de asociación y la de criticar al gobierno sin sufrir represalias, son ampliamente protegidos y 4) las autoridades elegidas no están sometidas al control tutelar del ejército o de algún líder religioso. Si bien algunos gobiernos pueden violar uno o más de estos criterios, estas violaciones son ocasionales y no logran impedir el funcionamiento democrático del sistema.

En los regímenes de autoritarismo competitivo existen, en opinión de Levitsky, cuatro arenas de competencia a través de las cuales la oposición puede desafiar y eventualmente vencer a los gobernantes autocráticos, pero la tarea no es nada fácil. En la arena electoral las elecciones son competitivas y a menudo muy reñidas; no se verifican proscripciones, pero existe un uso abusivo de los recursos del Estado por parte del partido que está en el poder. En la arena legislativa existe un férreo control del bloque de legisladores oficialistas, pero las fuerzas de la oposición pueden todavía utilizar la rama legislativa como una plataforma para denunciar al régimen.

En la arena judicial, por lo general, los gobiernos del autoritarismo competitivo intentan subordinar a los jueces, por procedimientos sutiles o inclusive acudiendo al uso de amenazas y presiones explícitas, aunque estos actos pueden acarrear costos significativos en términos de legitimidad nacional e internacional. Finalmente, son los medios de prensa la cuarta arena donde encuentran la mayor barrera de contención los regímenes autoritarios competitivos. El gobierno intenta consolidar una cadena de medios oficiales y busca con frecuencia reprimir a la prensa independiente, valiéndose de mecanismos como el reparto selectivo de la publicidad del Estado, la manipulación de los organismos de intervención del Estado o la aplicación arbitraria de las leyes que regulan los servicios audiovisuales.

La coexistencia de leyes e instituciones democráticas con el ejercicio autocrático del poder es fuente permanente de inestabilidad. Por consiguiente, estos regímenes se caracterizan por batallas constantes que debe librar la oposición para frenar el autoritarismo progresivo del gobierno. Estas protestas cada vez más crecientes son un dilema para los funcionarios autocráticos, puesto que deben permitirlas, con el riesgo de un mayor desgaste, o elegir violar las reglas democráticas tratando de impedirlas. Esta situación puede llevar al régimen al borde de una grave crisis de legitimidad.

En Argentina se visualiza actualmente un fuerte escenario de tensión con el gobierno en tres de las arenas descriptas, a la espera de que se abra el escenario electoral el año próximo. El bloque de legisladores de la oposición viene realizando una labor permanente de denuncia de las arbitrariedades que le atribuye al gobierno, aunque todavía enfrenta una mayoría sólida que mantiene un fuerte grado de obediencia al Ejecutivo.

En la arena judicial se ha desatado un grave conflicto institucional a partir de las presiones ejercidas por figuras del partido en el poder para obtener resoluciones favorables de los tribunales en el caso Clarín. La declaración que suscribieron la Comisión de Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores (Jufejus), la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) no deja lugar a dudas. Exhortan al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir estrictamente el artículo 109 de la Constitución –que le prohíbe inmiscuirse en causas judiciales– y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia".

Por otra parte, en la arena mediática, la presencia de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) permitió conocer la opinión que sobre este tema tienen observadores del exterior. La SIP señaló que "si bien se opone a los monopolios u oligopolios privados porque afecta la libertad de expresión, con más fuerza se opone a los monopolios u oligopolios estatales porque éstos conducen al totalitarismo". Alertó sobre "la construcción lenta pero sistemática de una suerte de pulpo mediático" en Argentina y denunció que "los jueces son objeto de una persecución feroz, al mejor estilo fascista". En relación con la ley de Medios denunció que se había desvirtuado para convertirse en un instrumento del oficialismo para acabar con su "peor enemigo", el Grupo Clarín.

Las muestras de disconformidad con el creciente autoritarismo que caracteriza al gobierno de Cristina Fernández, señaladas por instituciones independientes y percibidas por una ciudadanía que salió a las calles el 13S y el 8N, debieran servir de alerta temprana para posibilitar un cambio de rumbo. Sin embargo, el problema de los regímenes personalistas es que cualquier demanda de la oposición es menospreciada porque es visualizada como una maniobra de arteros enemigos que sólo buscan desafiar la "voluntad popular". Esa incapacidad para percibir las fuentes auténticas y legítimas del malestar social es la causa de que en la Historia se registren tantos episodios de abrupta caída de líderes que horas antes parecían indestructibles.

Fuente: (Diario Río Negro)