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Aleardo F. Laría

Improvisando sobre la marcha

(Diario Río Negro) La gestión política errática es una característica común de los gobiernos populistas. En la medida en que los liderazgos personalistas no aceptan someterse a las exigencias de la gestión pública y carecen de equipos de profesionales que puedan evitar los daños de las decisiones precipitadas y poco estudiadas, los malos resultados terminan recayendo sobre las espaldas de la economía. Si no lo queremos ver en nuestro país, en Latinoamérica tenemos ejemplos elocuentes, como los de Venezuela y Cuba.

Por Aleardo F. Laría
Twitter: @aleardol
18 de diciembre de 2012
 

(Diario Río Negro) Cristina Fernández ha anunciado su voluntad de impulsar un proceso de "democratización de la Justicia". Aprovechando el malestar generado por la sentencia del tribunal que absolvió por falta de pruebas a los imputados en el caso de Marita Verón, la presidenta ha lanzado una consigna sin dotarla todavía de contenidos. Una muestra más de que estamos ante una forma de gestión caracterizada por el oportunismo y la improvisación.

El servicio público de la Justicia, en sus diferentes niveles, provincial y federal, presenta graves deficiencias. La prueba más elocuente es que se haya tardado diez años en dictar sentencia en el juicio que ha provocado la reacción presidencial. Otro dato significativo es la enorme cantidad de presos preventivos que pueblan nuestras cárceles. Es decir que, se la mire por donde se la mire, el problema más grave de la Justicia es la insoportable lentitud de los procedimientos.

Resolver el problema de la Justicia requiere un abordaje total de múltiples cuestiones vinculadas: renovar las arcaicas leyes de procedimientos, atender la falta de infraestructuras, incorporar las nuevas tecnologías, conseguir una gestión profesional de la oficina judicial y, por último pero no menos importante, romper moldes de una cultura burocrática donde la demora de las causas se acepta como un hecho de la naturaleza. Por supuesto, hace falta también un mínimo de honestidad gubernamental, es decir que el gobierno no acuda a la judicialización masiva de sus diferencias con los administrados, como acontece con los reclamos de los jubilados.

En los países en los que se ha acometido la modernización de la Administración de Justicia, como España, el proceso ha demandado una planificación previa y luego décadas de trabajo persistente y continuo, atacando cada uno de los problemas señalados. Si, por ejemplo, pensamos en la reforma de los códigos de procedimientos, estamos ante desafíos notables que exigen un trabajo previo de estudio y preparación a cargo de especialistas que contemplen las experiencias de los países que han encarado labores similares.

La falta de rigor y seriedad en la propuesta formulada por el gobierno es reveladora de que no existe el menor estudio previo ni el anuncio pretende atacar los problemas de fondo. Se trata, una vez más, de convocar a una nueva epopeya que mantenga entretenida a la audiencia como modo pueril de cubrir la ineficiente gestión en el abordaje de los problemas reales que permanecen desatendidos: inflación, inseguridad, falta de empleo productivo, marginalidad social, gestión arbitraria de la economía y un largo etcétera.

Esta forma de gobernar, basada en impulsos espasmódicos dictados por la coyuntura, es la característica general que signa toda la gestión del período K. Ahora, cuando se deben asumir las consecuencias de resoluciones precipitadas como la confiscación de YPF, se percibe claramente cómo esta forma de tomar decisiones que no habían sido objeto de estudios previos ni estaban en los programas electorales tiene dolorosas consecuencias. La más visible: que los problemas de fondo siguen sin resolverse y el costo de la improvisación, en términos de productividad general de la economía, termina siendo elevado.

La gestión política errática es una característica común de los gobiernos populistas. En la medida en que los liderazgos personalistas no aceptan someterse a las exigencias de la gestión pública y carecen de equipos de profesionales que puedan evitar los daños de las decisiones precipitadas y poco estudiadas, los malos resultados terminan recayendo sobre las espaldas de la economía. Si no lo queremos ver en nuestro país, en Latinoamérica tenemos ejemplos elocuentes, como los de Venezuela y Cuba, para comprobar que una gestión basada en el lanzamiento frívolo de consignas y abusos retóricos da por resultado una economía de subsistencia, aislada e ineficaz.

Nadie sabe todavía qué significa exactamente "democratizar la Justicia". Mientras los fieles escuderos que sirven a Cristina Fernández en estos menesteres, como Diana Conti y Marcelo Fuentes, trabajan a marcha forzada para dotar de alguna sustancia a la consigna presidencial, los que hurgan en la historia para adivinar las intenciones del gobierno ponen la mirada en Santa Cruz. Cuando el gobernador era Néstor Kirchner la "democratización de la Justicia" consistió en poner al frente del Tribunal Superior de Justicia a quien en esos momentos era secretario de la Gobernación: Carlos Zannini. Esperemos que en esta ocasión la democratización consista en algo más consistente que promover a los amigos.

Fuente: (Diario Río Negro)

 
Acerca del autor
Aleardo F. Laría
Aleardo F. Laría
Aleardo F. Laría es abogado y periodista.
Twitter: @aleardol