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Adolfo Garcé
Instituciones y penumbras
Por Adolfo Garcé
4 de abril de 2014
(El Observador) Según los reportes internacionales más consultados, en términos comparados, las instituciones políticas uruguayas están muy lejos de presentar problemas graves. Por el contrario, según el informe más reciente de la prestigiosa Fundación Bertelsmann nuestro país está en el primer lugar (sí, tal como lo leyó, es top-ranking country) en el Índice de Transformación Política entre los 129 países en desarrollo o en transición estudiados. Aunque cada una de las afirmaciones siguientes merecería notas al pie para incorporar matices. Algunos de ellos, desde mi punto de vista, no son menores y merecerían salir de la penumbra.
 

(El Observador) Durante los últimos días diversos medios de comunicación, entre ellos El Observador, se han ocupado de examinar la actuación de los parlamentarios uruguayos. En particular, han investigado hasta qué punto nuestros representantes cumplen con sus obligaciones básicas (como asistir a las sesiones de ambas cámaras). Este tipo de requisitoria, que deja de lado por un momento los asuntos cotidianos del debate político para poner la mira en el funcionamiento de las instituciones, presta un servicio doblemente valioso. Por un lado, ayuda a que los electores tengan más elementos de juicio para premiar y castigar las gestiones de aquellas personas en las que depositaron su confianza. Por el otro, y esto es tan o más importante que lo anterior, contribuye a que no perdamos de vista que es preciso velar permanentemente por el perfeccionamiento de nuestras instituciones políticas.

Según los reportes internacionales más consultados, en términos comparados, las instituciones políticas uruguayas están muy lejos de presentar problemas graves. Por el contrario, según el informe más reciente de la prestigiosa Fundación Bertelsmann nuestro país está en el primer lugar (sí, tal como lo leyó, es top-ranking country) en el Índice de Transformación Política entre los 129 países en desarrollo o en transición estudiados.* Aunque cada una de las afirmaciones siguientes merecería notas al pie para incorporar matices, puede afirmarse que en Uruguay las elecciones son libres y justas, la prensa no está amordazada, la justicia se las ingenia para preservar su independencia y los partidos políticos logran cumplir razonablemente bien con la función de representación. Sin embargo, cuando en lugar de compararnos con los países en desarrollo nos miramos en el espejo del deber ser, las estructuras políticas uruguayas siguen teniendo problemas. Algunos de ellos, desde mi punto de vista, no son menores y merecerían salir de la penumbra.

En primer lugar, a pesar de todos sus méritos, el diseño de las estructuras políticas uruguayas no facilita que los representantes realmente puedan ser controlados por sus votantes. Los electores de las circunscripciones más chicas, en ese sentido, corren con ventaja frente a los de las más grandes. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Montevideo, los votantes del interior conocen a sus diputados y encuentran formas de presionar sobre ellos. Todos los electores, los de todos los departamentos, por cierto, pueden premiar o castigar a sus representantes al final del mandato. Pero solamente los de las circunscripciones más chicas puedan con cierta facilidad acceder a ellos y hacer pesar sus preferencias e intereses durante el mandato.

En segundo lugar, también hay problemas desde el punto de vista de la relación entre poderes. El Poder Ejecutivo, como ha mostrado perfectamente mi colega Daniel Chasquetti (ICP-FCS-Udelar), es quien lidera el proceso legislativo. El Parlamento se ocupa de “abrir” estos proyectos, debatirlos y modificarlos. El problema central radica, desde mi punto de vista, en que, a la hora de examinar estos proyectos, existe una asimetría tan extraordinaria como preocupante entre la capacidad técnica del Ejecutivo y la del Legislativo. Los parlamentarios no disponen de asesorías técnicas poderosas y, por ende, están en pésimas condiciones de examinar los proyectos que les llegan. Si el saber es poder, los parlamentarios son menos poderosos que los funcionarios del Ejecutivo. Si las modificaciones en el Parlamento se hacen con escaso sustento técnico, la calidad del proceso legislativo y de sus productos sufre.

En tercer lugar, el poder de los ciudadanos (o, por el contrario, su miseria política) no depende únicamente de cómo funcionen las instituciones políticas a nivel nacional. Un número muy importante de las decisiones que afectan cotidianamente la vida de los uruguayos se adoptan en otros niveles de gobierno, más concretamente, en el segundo escalón (gobierno departamental) o en el tercero (gobiernos municipales). La democracia uruguaya alcanza niveles importantes de calidad en el primer nivel de gobierno, pero tiene déficits nada menores en los otros dos. Como norma general, y salvo casos de grandes divisiones dentro del partido de gobierno, la mayoría automática le permite al intendente esquivar sin despeinarse los intentos de contralor de su gestión esbozados en las Juntas Departamentales. Los municipios creados a instancias de Tabaré Vázquez sobre el final de su presidencia todavía siguen luchando por encontrar la forma de ejercer su autoridad.

Desde la restauración de la democracia en 1985, la cuestión de qué reformas debían hacerse en nuestras instituciones políticas para evitar un nuevo colapso de la democracia estuvo, al menos por una década, permanentemente en la agenda de trabajo de políticos y especialistas. Este debate desembocó en la reforma de 1996 que, con un ojo puesto en los problemas de gobernabilidad de los sesenta y con el otro en el crecimiento sistemático del Frente Amplio, instaló las candidaturas únicas por partido y el balotaje. Desde ese momento en adelante la manía institucionalista, tan propia de la tradición política uruguaya, pasó a segundo plano. Mencioné solamente tres problemas, pero estoy seguro de que hay mucho más. Uruguay tiene una larga tradición de reflexión crítica sobre estos temas. Ya va siendo tiempo de reverdecerla.

* Ver: Transformation Index BTI2014. Political Management in International Comparison, Bertelsmann Stiftung (ed.). Disponible en: http://www.bti-project.org/bti-home/.

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)

 
Acerca del autor
Adolfo Garcé
Adolfo Garcé
Doctor en Ciencia Política - Investigador del Departamento de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República). Autor del libro “Donde hubo fuego: El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004)”. Co-autor del libro “La Era Progresista. El gobierno de izquierda en Uruguay: de las ideas a las políticas”. Líneas de investigación: Ideas, discursos y política; tecnocracia y democracia; Ideologías y adaptación partidaria.