(Infolatam) Lo que está en entredicho, y lo mismo vale para América Latina, Asia, Europa, EEUU o cualquier otro lugar del planeta, es si quien gobierna no sólo puede trazar los límites del campo de juego, sino también, y sobre todo, redactar las reglas de ese juego en su propio beneficio.

Por Carlos Malamud

(Infolatam) Durante su última visita a España, donde recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Barcelona (el décimo que acumula en su curriculum académico), Rafael Correa ha dado más de una idea sobre su pensamiento político y su manera de encajar las críticas. De sus palabras a la agencia EFE y a El País se desprende que no ha renunciado a reformar la Constitución para introducir la reelección indefinida y volver a presentarse como candidato presidencial en 2017.

En esta ocasión, en la pérfida Europa, su discurso ha sido algo más matizado que en el pasado: “en principio he decidido no ser de nuevo candidato… Por ahora es que en 2017 yo me retiro… Mi decisión personal está tomada, pero también tengo una inmensa responsabilidad de garantizar este proyecto político”. Una vez más en la política latinoamericana el “por ahora” suena amenazador. El 4 de febrero de 1992, tras el fracaso de la intentona golpista de Hugo Chávez contra un gobierno democrático, el militar bolivariano dijo: “lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados”.

Correa señala que una cosa es la reforma constitucional que habilitaría la reelección indefinida y otra muy distinta su decisión de continuar o no ejerciendo el poder. Y tiene razón. Ahora bien, si desde ya renunciara a no beneficiarse de la reelección indefinida, la legitimidad de su reforma sería mayor. Pero la reciente historia constitucional latinoamericana no enseña eso. Cada vez que se ha modificado alguna constitución para incorporar la reelección alterna o consecutiva ha sido en beneficio del presidente en ejercicio. En ningún caso el gobernante de turno dijo algo así como: la reelección es necesaria ya que un sólo período de gobierno es insuficiente para realizar las reformas que el país necesita, pero esto no me beneficiará a mi sino que empezará a regir con mi sucesor (o sucesora).

Por el contrario, como recordó recientemente Rogelio Núñez en Infolatam, Correa manifestó a comienzos de marzo pasado que “es mi deber revisar la sincera decisión de no lanzarme a la reelección…creo que hay que pensarlo seriamente y hay que dejar la puerta abierta en caso de que esos nubarrones se hagan más grandes… (esos) nubarrones, en el horizonte de la Revolución Ciudadana”. Aquí aflora todo el riesgo del “por ahora” de Correa, sumado a la manifestación de argumentos defensivos al hablar de una posible nueva reelección. Entre ellos que le “molesta un poquito… que nos quieran condicionar”. ¿Quién lo quiere condicionar? Como no podía ser de otra manera los extranjeros, básicamente Europa y EEUU, que no entienden de ninguna manera lo que ocurre en Ecuador y América Latina.

A Correa le molesta que “nos traten de restringir desde el extranjero lo que podemos discutir o no. Ecuador es libre de discutir lo que quiera, la reelección indefinida, eliminar todas las reelecciones. Lo que estamos defendiendo es el derecho a discutir”. Nadie pone en duda el derecho de Ecuador a discutir lo que quiera. Lo que está en entredicho, y lo mismo vale para América Latina, Asia, Europa, EEUU o cualquier otro lugar del planeta, es si quien gobierna no sólo puede trazar los límites del campo de juego, sino también, y sobre todo, redactar las reglas de ese juego en su propio beneficio.

Si el principal objetivo del presidente ecuatoriano es garantizar su proyecto político debería dedicar mayores esfuerzos a rebajar las altas dosis de caudillismo y personalismo presentes en su gobierno para permitir la consolidación de un verdadero partido político. Pero las cosas no van por ahí, como demuestran los resultados de las elecciones locales del 23 de febrero pasado, saldadas con la derrota del movimiento oficialista Alianza PAIS (Patria altiva i soberana) en las principales ciudades. A medida que avanzaba la campaña electoral Correa debió hacerse más presente en la misma e invertir buena parte de su capital político para evitar una catástrofe mayor.

Es verdad, como el mismo Correa apunta, que Ecuador ha cambiado mucho en los casi ocho años que lleva en el poder. Las nuevas infraestructuras han transformado el paisaje de un país caracterizado durante mucho tiempo por la desigualdad y la pobreza. En educación se ha hecho un esfuerzo desconocido en otras partes de América Latina con el claro objetivo de mejorar el capital humano y hacer el país mucho más competitivo: “la revolución en la educación es lo más importante que estamos haciendo. Más importante que las carreteras, las hidroeléctricas, los aeropuertos, puertos, los hospitales mismo”. Todo esto ha sido posible gracias al aumento sostenido de los ingresos fiscales derivados de una política extractivista centrada en la explotación petrolera.

También vemos su escasa capacidad de encajar críticas contra su persona, su gestión y su “revolución ciudadana”. La tan criticada Ley de Comunicación se ha centrado en acallar o condenar aquellas voces críticas que desde los medios de prensa se alzan en su contra. Su principal argumento pasa por deslindar la “mentira” de la libertad de prensa: “La crítica no se sanciona ni por la ley ni por el Gobierno. Se sancionan las mentiras, la infamia, la calumnia”. Ahora bien, con un poco de mano izquierda y bastante más sentido del humor, comenzando por la capacidad de reírse de si mismo, Correa podría vender una mejor imagen tanto dentro como fuera de Ecuador. Pero esto va contra la filosofía de la “revolución ciudadana” y contra la imagen que Correa ha intentado dibujar de si mismo, un coloso alzado contra la oligarquía, los monopolios y el imperialismo.

Fuente: Infolatam (Madrid, España)