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Aleardo F. Laría
Responsabilidad política y responsabilidad jurídica
Por Aleardo F. Laría
Twitter: @aleardol
20 de enero de 2015
(Río Negro) la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman se produce en el marco de una trama que bien podría alimentar una novela de espionaje. Se han acumulado demasiados desaciertos y la caldera política tiene una presión elevada. En estas circunstancias hace falta que se evidencie el sentido de responsabilidad de los dirigentes políticos. Que adviertan que no pueden refugiarse en la falta de responsabilidad jurídica y que deben hacer frente a las responsabilidades de una situación política que ha sido alimentada por sus propias torpezas.
 

(Diario Río Negro) La trágica muerte del fiscal Alberto Nisman abre una serie de interrogantes que se disparan en diversas direcciones. La investigación jurídica, es decir la que se da en el marco de un procedimiento judicial, deberá determinar si se trató de un suicidio o de un asesinato. Pero allí no acaba la cuestión. En un acontecimiento que conmociona a la opinión pública, aparecen inevitablemente responsabilidades políticas que van más allá de lo estrictamente jurídico.

La más reciente historia argentina registra más de un episodio de esta naturaleza. Recordemos el caso Cromañón, el luctuoso incendio de una discoteca situada en el barrio bonaerense de Once durante un recital de la banda de rock Callejeros el 30 de diciembre de 2004. El trágico saldo de 194 muertes provocó una indignación ciudadana que llevó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a iniciar un juicio político que terminó con la destitución del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por considerar que le cabía alguna responsabilidad política en la tragedia. Ibarra ni siquiera fue citado en el largo juicio que tuvo lugar para determinar la responsabilidad penal del hecho, de modo que su destitución fue una decisión situada en el terreno político.

Otro suceso de características similares fue la denominada, por algunas voces interesadas, "masacre de Avellaneda", el episodio que terminó con la vida de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Los hechos tuvieron lugar el 26 de junio de 2002, durante la represión de una manifestación organizada por el Movimiento de Trabajadores Desocupados que intentaba cortar el acceso a la ciudad de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón. La investigación judicial pudo determinar más adelante que el autor de los disparos que acabaron con la vida de los activistas había sido el comisario Alfredo Fanchiotti, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y algunos de sus subordinados. Pero la indignación producida por el hecho en la opinión pública llevó al presidente Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones y formalizar su renuncia al cargo.

La relación de causalidad entre Duhalde y el episodio de represión en el Puente Avellaneda era remota y en ningún caso podría haber dado lugar a responsabilidad penal alguna. Como lo pudo determinar la investigación posterior, se trató de un caso de "gatillo fácil" cuyos autores -que fueron identificados y condenados- pertenecían a una fuerza policial que políticamente estaba bajo la responsabilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese entonces Felipe Solá. De modo que la acusación contra el entonces presidente se situó en el plano estrictamente político.

Las circunstancias que contribuyeron y llevaron a la renuncia de Duhalde fueron las secuelas de la crisis de diciembre del 2001 y la decisión adoptada en enero del 2002 de disponer la devaluación del peso argentino. La salida de la convertibilidad -una decisión inevitable- produjo una pérdida del valor del peso del orden del 75%, lo que suponía una licuación de riqueza importante que impactó en toda la población. Las protestas, los cacerolazos y los cortes de ruta se hicieron frecuentes y había un deseo de expresar el malestar y la bronca acumulada que terminó por hacer responsable de la situación a la clase política en su conjunto.

Cuando la acumulación de errores políticos de un gobierno es muy elevada y existe un creciente malestar en la población, cualquier chispa puede encender la pradera. En el momento actual, existe un mar de fondo provocado por la inflación, un fenómeno económico abordado con extrema frivolidad por el gobierno nacional y que provoca enorme irritación social. Encadenada a ese fenómeno, la pretensión de utilizar el ancla cambiaria ha llevado a la quiebra de las economías regionales, en una especie de reedición de la situación que derivó en el estallido de la convertibilidad.

Con ese escenario económico de fondo, la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman se produce en el marco de una trama que bien podría alimentar una novela de espionaje. Agentes de los servicios de inteligencia argentinos enfrentados; los servicios de inteligencia extranjeros (la CIA y el Mossad) favoreciendo determinadas líneas de investigación en un expediente judicial; inexplicables y súbitos cambios de timón en la política exterior argentina; un bochornoso memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán que termina encallando y recibe el reproche de inconstitucionalidad de los tribunales de Justicia argentinos.

Se han acumulado demasiados desaciertos y la caldera política tiene una presión elevada. En estas circunstancias hace falta que se evidencie el sentido de responsabilidad de los dirigentes políticos. Que adviertan que no pueden refugiarse en la falta de responsabilidad jurídica y que deben hacer frente a las responsabilidades de una situación política que ha sido alimentada por sus propias torpezas. En el ajedrez a veces hay que entregar una pieza para salvar a la dama.

Fuente: Diario Río Negro (Pcia. de Río Negro, Argentina)

 
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Acerca del autor
Aleardo F. Laría
Aleardo F. Laría
Aleardo F. Laría es abogado y periodista.
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