Artículos

19.06.15

Ley pareja para la clase política y para Vidal

(El Líbero) El escándalo Caval caló hondo en la gente, de una forma más personal y directa que los escándalos Penta y SQM. En Caval, la que aplicó el doble estándar fue la propia Presidenta, la mujer que se ganó la confianza de los chilenos porque prometió terminar con el abuso y los privilegios. Pero mientras Bachelet prometía combatir la desigualdad, su primogénito aprovechaba su acceso privilegiado para ganar dinero con especulación inmobiliaria.
Por Patricio Navia
(El Líbero) Si la clase dirigente es incapaz de aplicar un alto estándar a sus propios miembros, no podemos decepcionarnos cuando la hinchada perdona con tanta facilidad las faltas de una estrella de fútbol.

Si bien Arturo Vidal cometió un error involuntario al causar un accidente automovilístico mientras manejaba bajo la influencia del alcohol, la gente no entiende que se pida un castigo ejemplar para un ídolo popular y no para las decenas de políticos que han cometido graves errores involuntarios en la forma en que han recibido dineros de empresas para, presumiblemente, financiar su actividad política. Tampoco se entiende que no haya castigo ejemplar para empresarios que se coluden, financian la política o participan del tráfico de influencias. Porque la ley pareja no es dura, la sociedad chilena carece de personas que puedan alzarse como autoridades morales para exigir un castigo severo a aquellos que incumplen las obligaciones morales que conllevan las posiciones de privilegio que ocupan. Si la clase dirigente es incapaz de aplicar un alto estándar a sus propios miembros, no podemos decepcionarnos cuando la hinchada perdona con tanta facilidad las faltas de una estrella de fútbol.

Desde que estalló el escándalo Penta, la elite parece incapaz de entender el efecto negativo que tiene la creciente percepción de una mayor corrupción sobre la capacidad de las instituciones para garantizar la gobernabilidad. Si la gente cree que las reglas favorecen a los poderosos y perjudican al resto de la población, disminuirá la disponibilidad a acatar dichas reglas. Si se percibe que los castigos por violar la ley son distintos cuando se trata de poderosos y de chilenos de a pie, la gente exigirá que se les aplique los mismos estándares laxos y permisivos que aplican actualmente para las autoridades y los poderosos.  En un país donde los ricos no van a la cárcel —independientemente de la gravedad de sus faltas—, difícilmente se podrá esperar que los pobres no se rebelen. Si para los pobres aplica todo el peso de la ley y para los poderosos existen los resquicios legales, los pobres simplemente dejarán de aceptar esas leyes como legítimas.

El escándalo Caval caló hondo en la gente, de una forma más personal y directa que los escándalos Penta y SQM. En Caval, la que aplicó el doble estándar fue la propia Presidenta, la mujer que se ganó la confianza de los chilenos porque prometió terminar con el abuso y los privilegios. Pero mientras Bachelet prometía combatir la desigualdad, su primogénito aprovechaba su acceso privilegiado para ganar dinero con especulación inmobiliaria. Como Bachelet se demoró tanto en enterarse y se demoró aún más en reaccionar, los chilenos terminaron convencidos que la Presidenta siempre supo de los negocios de su hijo y que mintió al país cuando dijo haberse enterado por la prensa.

Los escándalos de corrupción y financiamiento irregular de la política han minado la confianza en las instituciones. Pero que los poderosos no paguen por sus errores de la misma forma que el resto de los chilenos es lo que más ha dañado la credibilidad de las instituciones. Pese a haber reconocido actos irregulares, la mayoría de los políticos involucrados sigue en sus cargos. Hasta ahora, ningún político en ejercicio ha pasado un día en la cárcel. El único político que ha estado tras las rejas fue subsecretario en el gobierno de Piñera. En un país donde hay gente que ha muerto en incendios carcelarios cumpliendo penas por vender ilegalmente en la calle, el hecho de que los políticos queden inmunes cuando se descubren sus formas irregulares —e ilegales— de financiar sus campañas y actividades políticas comprensiblemente mina la confianza de los chilenos en sus instituciones democráticas.

Por eso, cuando la estrella de fútbol Arturo Vidal —un hombre de origen humilde que ha alcanzado el éxito gracias a su esfuerzo y talento— tropieza y comete un delito, la reacción popular no es de condena, sino de solidaridad. Pese a que los chilenos apoyan mayoritariamente la idea de que se castigue con fuerza a los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, cuando Arturo Vidal se ve involucrado en un accidente, la gente no quiere aplicarle el peso de la ley. Si la ley no se aplica con severidad cuando conductores ebrios pertenecientes a la elite causan la muerte de peatones, ¿por qué aplicar todo el peso de la ley a una estrella que viene del pueblo y lo representa íntegramente?

Es más, precisamente porque Arturo Vidal se atrevió a dar la cara y, con lágrimas en los ojos, reconoció su error pidiendo perdón al país, los chilenos ven en Vidal mucha más valentía que la que han mostrado la gran mayoría de los políticos involucrados en escándalos.

En una democracia con instituciones sólidas, y respetuosa de las leyes, estos errores involuntarios se castigarían con severidad. Pero, cortemos el leseo, si no hay vara dura para los políticos que incumplen sus obligaciones, ¿por qué sorprenderse cuando la gente se apresura en perdonar a Vidal? La ley pareja no es dura. Comparado con lo que ha pasado con los escándalos políticos, el castigo que ha tenido Vidal por manejar borracho fue ejemplar. Al menos Vidal fue esposado, pasó la noche detenido y ha sido formalizado por violar la ley.