El examen se realizó en diciembre del año pasado. En dicha ocasión, diversos organismos tomaron como base informaciones que denunciaban torturas y malos tratos a detenidos en las manifestaciones, y exhortaban al gobierno de Maduro a no utilizar a las fuerzas armadas para el control de manifestaciones pacíficas.

Por Macarena Castro

Venezuela se ha visto sumida desde fines de marzo en un sinfín de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Reprimidas por las fuerzas de seguridad, las protestas se cobraron hasta ahora un saldo de 50 muertos. Actualmente, Maduro intenta impulsar una Asamblea Constituyente, rechazada por la oposición que considera que se trata de un recurso del presidente para perpetuarse en el poder.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó “fraudulenta” a la convocatoria del pasado 2 de mayo para la Constituyente y sostuvo que es un “nuevo golpe de Estado” perpetrado por el Gobierno. Es preciso recordar que el 30 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aunque luego se echó atrás.

Por otro lado, a principios de mes corrió el rumor de que Leopoldo López, dirigente opositor y preso político, había sido trasladado en estado crítico a un hospital militar. Los rumores del estado de salud de López resultaron ser falsos y el domingo pasado, su mujer, Lilian Tintori, lo visitó luego de un mes sin poder verlo.

Ante esta situación de protesta social y de crisis institucional, es relevante destacar las observaciones y recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas y sus Estados miembros realizaron a Venezuela en su Examen Periódico Universal del año 2016 en el Consejo de Derechos Humanos. Estas aluden, en gran parte, a las manifestaciones ocurridas entre febrero y junio de 2014, que contaron con una cifra de 43 muertos y con un escenario de violencia, alta inflación, escasez de productos y crisis de las instituciones de gobierno similar al actual.

Las observaciones y recomendaciones son un proceso que conducen los Estados de la ONU y que busca destacar cuáles son las medidas que estos países tomaron para el desarrollo de los derechos humanos. La ONU analizó el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Venezuela en relación con los derechos humanos, teniendo en cuenta la aplicación del derecho internacional humanitario.

Uno de estos puntos es la administración de justicia, la lucha contra la impunidad y el estado de derecho. El Comité de Derechos Humanos cuestionó la falta de autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial en el país. El Alto Comisionado señaló que jueces y fiscales trabajan bajo presión cuando tratan casos políticamente sensibles.

En materia de derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, el Comité contra la Tortura mostró su preocupación por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales y parapoliciales. Asimismo, señaló que deben diseñarse estrategias de desarme, control y desmantelamiento de grupos civiles armados.

En cuanto a las manifestaciones de 2014, en las que 43 personas fallecieron, se pidió que el Gobierno esclareciera las denuncias sobre detenciones arbitrarias y uso desmedido de la fuerza. En estos meses, 3.306 personas fueron detenidas durante las protestas.

Diversos organismos tomaron como base informaciones que denuncian torturas y malos tratos a detenidos en las manifestaciones, y exhortaron al gobierno de Maduro a no utilizar a las fuerzas armadas para el control de manifestaciones pacíficas.

En este marco, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria pidió la liberación del alcalde de Caracas, Antonio José Ledezma, así como la de Leopoldo López. Por otra parte, el Comité contra la Tortura advirtió que muchos de los ataques en las marchas antigubernamentales se realizaron en complicidad con las fuerzas del orden y quedaron impunes.

Los organismos expresaron preocupación por el estado de hacinamiento en las cárceles y la gran cantidad de detenidos en espera de juicio (65,71%). Subrayaron el clima de violencia en las prisiones y pidieron medidas para ajustar las condiciones a la norma internacional.

Con respecto a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y el derecho a participar en la vida pública y política, el Alto Comisionado sostuvo que debe liberarse a los detenidos por expresarse y por protestar de forma pacífica. Asimismo, se pidieron garantías para la protección de los opositores políticos.

En esa línea, el Alto Comisionado pidió tanto al Gobierno como a la oposición que se busquen soluciones a la situación actual, sin violencia ni discursos de odio. A comienzos de 2016, llamó al Gobierno a abrir vías de diálogo para encarar los desafíos en materia de derechos humanos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pidió “asegurar el acceso de la ciudadanía a la información pública”. Se observó, asimismo, el deterioro de la libertad de prensa, y el Comité contra la Tortura se mostró preocupado por las agresiones, amenazas, intimidaciones y hostigamientos contra periodistas.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos pidió la investigación de casos de periodistas asesinados. El mismo comité instó a despenalizar la sanción a quienes ofendan o falten el respeto a funcionarios, como ocurre con el delito de difamación.

En lo que refiere al derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, el Comité de Derechos Humanos se mostró preocupado por la dependencia estatal a la importación de alimentos, así como el desabastecimiento y la escasez de productos de primera necesidad. Se instó al Gobierno a reimpulsar la producción alimenticia y a contar con estadísticas de desnutrición crónica.

Finalmente, sobre el derecho a la salud, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se hizo eco de la crítica situación en la que se encuentra el sistema de salud venezolano a causa de la grave escasez y el suministro irregular de insumos.

Las observaciones y recomendaciones de los Estados miembros de la ONU

Durante la sesión de la ONU, que tuvo lugar a fines de 2016, algunos países aliados destacaron el desempeño de Venezuela. Por ejemplo, Rusia elogió al gobierno de Maduro por su labor “para mejorar el disfrute” de los venezolanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Nicaragua destacó el diálogo con la oposición, que inició el Gobierno y que auspiciaron la Unasur y el Vaticano.

Estos gobiernos apuntaron a la responsabilidad del sector empresario en materia de los derechos en el país. Ecuador consideró que deben prevenirse y sancionarse “las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales y otras empresas”, mientras que Cuba sostuvo que deben protegerse los derechos humanos “frente a la agresión

económica que se desarrolla contra el país”. Para Nicaragua, deben sancionarse las violaciones a los derechos “cometidas o promovidas por actores del sector empresarial, que impulsan agendas políticas de desestabilización”.

Por otro lado, Nicaragua pidió continuar con el diálogo entre los distintos sectores “con miras a lograr la estabilidad política y económica” y Rusia aconsejó reforzar la prevención de tortura y tratos crueles, así como continuar con la adecuación del sistema penal venezolano a las normas internacionales.

Sin embargo, otros países observaron el escenario en Venezuela con preocupación e instaron al diálogo entre el Gobierno y la oposición. En primer lugar, Estados Unidos cuestionó la privación de la libertad de quienes se manifiestan de forma pacífica y Alemania calificó como preocupante la situación social y política. El Reino Unido señaló los desafíos que enfrenta el país en lo que refiere a política, economía y seguridad, y pidió invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Argentina pidió al Gobierno diálogo y cooperación con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y se mostró preocupada por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Sugirió adoptar medidas para asegurar mejores condiciones de reclusión por la gran cantidad de personas detenidas, “muchas de las cuales no se han beneficiado de las garantías del debido proceso”.

En este sentido, Brasil llamó al Gobierno a abstenerse de recurrir a la prisión arbitraria y pidió que se respeten las garantías judiciales de acuerdo a las normas internacionales. Añadió que los presos políticos deberían ser liberados de forma inmediata y expresó su alarma ante la decisión de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por su parte, Francia pidió a Venezuela ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, con foco en la situación de las prisiones. Asimismo, Alemania sugirió que se trate la escasez de los servicios médicos de forma urgente y que el Estado atienda las necesidades básicas de los ciudadanos.

La mayoría de estos países -Brasil, México, Estados Unidos, Francia y Alemania- pidió que se tomen medidas a fin de resguardar el derecho a la libertad de expresión y de reunión. Francia añadió el libre acceso a la información y la protección a los periodistas frente a amenazas y ataques. Para Alemania, además debe garantizarse la libre circulación de periodistas y opositores políticos.

Estados Unidos también pidió que se permitan las opiniones disidentes, la liberación de los presos políticos y que la Asamblea, en manos de la oposición, pueda ejercer sus funciones. En segundo lugar, exigió dar lugar a protestas pacíficas y dejar trabajar de forma independiente a los medios de comunicación. Por último, reclamó el derecho que la Constitución otorga a los ciudadanos para convocar un referendo revocatorio.

En referencia a la situación de la división de poderes, Brasil recomendó adoptar medidas que aseguren la independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial y la autoridad electoral, haciendo hincapié en el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo mismo reclamaron México, Francia y Alemania.